Esas declaraciones, en las que figuran todos los datos de los pagos que recibieron, han valido hasta que, en 2005, el fiscal pidió que los cuatro fueran considerados responsables civiles. Ello significa que, en caso de un fallo condenatorio contra Vera y/o sus subordinados, los receptores del dinero lo tendrán que devolver.

En realidad, la alegación de las «presiones» y «amenazas» de Garzón no es nueva. Eso mismo fue manifestado por Domínguez ante el Supremo con ocasión del caso Marey, pero ni el instructor, Eduardo Móner, ni el Pleno de la Sala Penal, que juzgó ese asunto, las consideraron probadas.

La sentencia (29 de julio de 1998) rechazó la nulidad del proceso pedida por la defensa de Vera sobre la base, precisamente, de las «coacciones» de Garzón.

«No hay prueba de la existencia de amenazas y coacciones de Garzón contra Amedo y Domínguez para que se decidieran a declarar, concretadas en que, si lo hacían en los términos requeridos por el magistrado, no procesaría ni ingresaría en prisión ni a ellos ni a sus esposas», estableció el Supremo. Añadió que esas denuncias «no ofrecen ninguna garantía de la veracidad de su contenido» y afirmó que «ningún indicio tenemos» de que lo manifestado a Garzón «no obedeciese a la verdad de lo ocurrido».