Hasta ahora, el principal obstáculo para esta ley -y lo que más han criticado Amnistía Internacional y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la memoria histórica- era que no declaraba nulas las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra durante la Guerra Civil y por los tribunales del franquismo.

El acuerdo que han logrado PSOE e IU-ICV no anula esas sentencias, porque legalmente no podría hacerlo, pero declara la ilegitimidad de los tribunales franquistas y de sus resoluciones, lo que permitirá que cualquier persona afectada pueda solicitar ahora a la Justicia que anule una decisión judicial de aquella época.

Tanto el portavoz de los socialistas en el Congreso, Diego López Garrido, como los representantes de IU-ICV, Gaspar Llamazares y Joan Herrera, se mostraron ayer muy satisfechos por el acuerdo.

Una de las principales novedades consiste en que la ley establece que es una obligación de los poderes públicos fomentar «los valores y principios democráticos», y también facilitar el conocimiento de todo lo que ocurrió durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

El portavoz del PSOE, Diego López Garrido, subrayó que el objetivo de este proyecto de ley es reconocer y ampliar los derechos de todas las personas que padecieron alguna persecución o violencia durante aquella época por razones políticas o ideológicas, y permitir que esos abusos sean reparados.

«Se trata de restañar todas las heridas de quienes fueron perjudicados por un régimen no democrático, por una dictadura represora y por una Guerra Civil», indicó. Y, para que no quedara ninguna duda, poco después añadió: «No es una ley de la izquierda contra la derecha, como afirman en el PP».

Gaspar Llamazares, del grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), destacó del acuerdo con los socialistas dos cosas: «Por primera vez el Congreso va a condenar el franquismo, y por primera vez una ley va a declarar ilegítimos e ilegales los juicios y los tribunales franquistas», indicó.

El líder de IU reconoció que con este proyecto de ley no se llega «al 100%» de lo que ellos pedían respecto a que se declarasen nulos todos los juicios y sentencias. Pero aclaró que, una vez que el Parlamento va a aprobar una norma legal que considera ilegales esas resoluciones, los actuales tribunales de Justicia podrán aplicarla para anular esas sentencias.

Aunque ni López Garrido ni Llamazares se refirieron a ello, fuentes parlamentarias indicaron a este periódico que este acuerdo ha sido posible, en gran parte, gracias a la intervención directa de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

En el nuevo texto no se prevé un tribunal de honor para estudiar cada caso y no se impide dar a conocer la identidad de quienes dictaron las sentencias, algo que exigían desde Izquierda Unida.