Beatriz Elorriaga, consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, dijo que comparte la Ley de Dependencia, pero que la manera «precipitada» en que ha ido aprobándose no se ajusta «a las formas exigibles». «Las aportaciones que se hacen desde el Estado no se corresponden con el coste real de una plaza en un residencia», señaló, para después añadir: «Las cifras que se barajan son ilusorias». Elorriaga acusó a Caldera de no mostrar «ninguna voluntad de aumentar las cuotas que corresponden al Estado».

El descontento entre los consejeros no sólo se hizo patente entre los de comunidades gobernadas por el Partido Popular. Tomás Mañas, responsable de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, consideró «importante» la financiación del Ministerio, aunque la calificó de «insuficiente». Mañas fue el primero en hablar de las cuotas que se asignarán a las personas dependientes de nivel 2, es decir, aquéllas con discapacidades físicas y psíquicas graves.

El Ejecutivo destinará 507 euros a cada persona gran dependiente de nivel 2, mientras que las comunidades autónomas deberán aportar la misma cantidad que el Estado. El resto del coste de los cuidados de los gran dependientes los afrontarán éstos con el 75% de su pensión. Si no se cubriese la cuantía total de los gastos que se derivan del cuidado de los gran dependientes, las comunidades autónomas se tendrán que hacer cargo de la diferencia.

«Si nos imponen las cuantías, entonces no hay consenso, que es lo que están intentando vender a los ciudadanos: lo que hay es una imposición», explicaba sin tapujos la consejera de Presidencia balear, Rosa Puig. El gerente de Servicios Sociales de Castilla y Léon, Antonio Sáez, coincidió plenamente con Puig, y declaró que «las expectativas que se han creado desde el Ministerio de Trabajo son excesivas».

El Consejo de Ministros aprobará hoy el real decreto que establecerá los baremos que usarán las comunidades para medir la gravedad de las personas que no pueden valerse por sí mismas y soliciten recibir una ayuda estatal.