El diagnóstico que pintó ayer la ONG fue bastante desolador: la bolsa de irregulares crece día a día hasta alcanzar el millón de personas; a los inmigrantes ni tan siquiera se les permite salir de sus países, porque las labores de vigilancia se han extendido a Mauritania y Senegal, y existen cientos de páginas web en las que se incita a la discriminación y al odio. Y, en el camino, un reguero de cadáveres: 6.000 muertos en las costas canarias y africanas en 2006.

El informe anual de SOS Racismo, presentado ayer en Madrid por sus dirigentes Edo Pazzaco y Javier Ramírez, realiza un recorrido por los puntos calientes de la inmigración, por los lugares donde los derechos humanos comienzan a difuminarse y por los escenarios donde viven esos inmigrantes convertidos en seres invisibles:

Irregularidad crónica. De 750.000 a un millón de inmigrantes vagan sin papeles por las calles de España, los mismos que antes de la regularización extraordinaria emprendida por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. Las cifras aportadas por SOS Racismo vuelven a mostrar el alto grado de irregularidad de los inmigrantes que residen en España, una situación provocada por «un marco legal desfasado», según la ONG.

Paradójicamente, entre muchos de estos indocumentados se encuentra el 15% de los que se regularizaron en 2005, y que luego no lograron renovar sus permisos, según ha denunciado el Consejo General de la Abogacía.

La restrictiva política de visados, las constantes trabas burocráticas y las dificultades a la hora de renovar las autorizaciones provocan que la irregularidad se convierta en crónica. Es más, algunos inmigrantes legales se quedan sin papeles por culpa de las rigideces de la Administración. Además, de los 577.800 que consiguieron el permiso durante la regularización extraordinaria, menos de 30.000 lograron un contrato de trabajo indefinido.

Externalizar fronteras. El Gobierno español ha cambiado de estrategia. Hasta 2006 existía un blindaje de las fronteras exteriores para impedir entrar a los sin papeles. Sin embargo, a partir del año pasado, se produce un cambio cualitativo: el objetivo ahora es no dejar salir a las personas del continente africano. Por este motivo, las fronteras de la UE se han desplazado al Sur y los inmigrantes ni siquiera tienen ocasión de pisar territorio europeo, porque se les intercepta en aguas africanas.

SOS Racismo denuncia que la desprotección es total porque estos países vulneran los derechos humanos: «El Estado español pretende trasladar las fronteras a países que no respetan los principios democráticos, como Marruecos», critica el informe. Un claro ejemplo de esta situación es la gestión de la crisis del Marine I, el buque que transportaba a 369 asiáticos, con los que, según la ONG, se ha producido una «violación de derechos sin ninguna exigencia legal». «¿Qué hacían unos policías españoles en Mauritania para expulsar a inmigrantes de un tercer país?», se preguntan desde SOS Racismo.

Derechos laborales.

Abocados a trabajar en el servicio doméstico (33% de las contrataciones) o en la construcción (21%), los inmigrantes acaparan los salarios más bajos. Son carne de cañón de la explotación laboral y el 60% de los trabajos temporales son ocupados por trabajadores extranjeros; eso si son afortunados, porque muchos de ellos ni tan siquiera tienen un contrato y trabajan en la economía sumergida. La siniestralidad laboral se ceba con ellos y su tasa de mortalidad es cinco veces superior a la de los españoles.

Auge de la extrema derecha.

Las bandas de ultraderecha suben como la espuma y, en 2006, existían entre 11.000 y 15.000 jóvenes integrantes de estas organizaciones. Además, en España operan más de 300 páginas web en las que se incita a la discriminación y al odio. Por no hablar de la ola de xenofobia que se extiende por Europa: en Rusia, grupos ultras asesinaron a 40 extranjeros e hirieron a 300 el año pasado; en Alemania, los neonazis ya suman 4.000, y en Francia, uno de cada cuatro ciudadanos está de acuerdo con el programa del xenófobo Jean-Marie Le Pen.