Resulta que la Justicia resolvió el pasado 3 de abril que las menores se vayan a vivir con el progenitor. A pesar de que existen 13 informes psicológicos que indican que sufrieron abusos, a pesar de que el médico forense dictaminó que la mayor sufrió un desgarro en el himen tras pernoctar con el padre y a pesar de que el ginecólogo habló de un «intento de penetración sexual» de la menor.

Aquí lo contamos hace unos días, dando cuenta de que la magistrado Dolores Aguiar, juez de primera instancia número 7 de Tenerife, le había quitado la guarda y custodia a la madre, M. G., y se la había dado al padre, L. F., porque, argumentaba, ésta había incumplido el régimen de visitas del que gozaba el padre después del divorcio. Ayer se cristalizó la entrega. Sonaron mil añicos rotos.

El Foro contra la Violencia de Género de Tenerife -que agrupa a asociaciones de mujeres, sindicatos y organizaciones sociales- se ha tomado en serio el asunto y ha salido en rueda de prensa a respaldar a las chicas, pidiendo a la Dirección General del Menor que actúe. «Queremos expresar nuestra indignación y malestar por lo que les está sucediendo a estas niñas. No entendemos por qué a unas personas de 12 y 14 años no se les da el derecho de ser escuchadas en los tribunales», dice Montse Delgado, portavoz del Foro. «Los informes psicológicos hablan del frágil estado de salud de las niñas, de que hablan de quitarse la vida, y esto hay que tenerlo en cuenta».

Cierto es que el caso de los supuestos abusos del padre está sobreseído provisionalmente a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional y que la juez barrunta la posibilidad de que el testimonio de las niñas haya sido inducido por la madre, pero no hay quien baje a las niñas de su carro.

Parece un testamento manuscrito de dos folios el escrito que ha dejado cada una de las hermanas en la Dirección General del Menor pidiendo amparo. M., la mayor: «Siempre quería lo que quería y en el momento en que él quería. Ahora lo que quiero es morirme». M., la pequeña: «Le escribo para decirle que no aguanto más, que haría cualquier cosa por no irme con mi padre, cualquier cosa. Si tengo que ir con él me suicidaré».

El belén que se armó ayer en el colegio Luther King para hacer efectiva la entrega de las niñas terminó como se presumía. Con llantos en el patio, las crías con un ataque de ansiedad, los psicólogos analizando a las pequeñas en una comisaría de La Laguna y M. y M. resistiéndose a entrar en casa de la tía paterna, donde la juez ha resuelto que pasen un mes antes de ir con el padre.

«Un agente les ha dicho a las niñas que, como siguieran así, las iban a separar e iban a meter en la cárcel a su madre», lamenta Carmen Calleja, abogada de la progenitora, que pondrá una queja ante el poder judicial y estudia una querella por prevaricación. «En derecho de familia es insólito que manden a la Policía a por unas niñas».

Que hable M., que resume con candor de muñeca el mundo que ve: «No somos una familia como otra cualquiera. Un padre quiere a sus hijas y las cuida. No las maltrata ni las viola como él nos hizo a nosotras».