Sesenta personas fueron detenidas, de las cuales 13 están imputadas por prostitución, blanqueo de dinero y delitos contra los derechos de los trabajadores. El resto, 47 ciudadanos de nacionalidad rusa, están arrestados por estancia ilegal en España.

Los hechos se detectaron después de que la Policía observara importantes movimientos de dinero que, con asiduidad, se producían de España a Rusia a través de una agencia. En 2006 llegó a transferir 40.000 euros.

La red operaba con mujeres extranjeras que también ejercían la prostitución en otras provincias, como Sevilla y Alicante. Fuentes cercanas a la investigación detallaron que «vivían como auténticas esclavas». Eran captadas en Rusia mediante agencias de viajes y trasladadas por diferentes vías -en ocasiones con documentación manipulada o ficticia o con visado de turista- hasta diversos clubes donde se las obligaba a ejercer la prostitución. El control sobre ellas era tan férreo que tenían que pedir autorización para cualquier salida, por la que se fijaba una cantidad anticipada. Tampoco estaban dadas de alta en la Seguridad Social y no tenían horarios de trabajo.

Se calcula que la red ha movido una suma en torno a los 650.000 euros.