Este periódico publicaba en su edición de ayer que el Gobierno no encuentra en los informes policiales suficientes indicios para actuar contra ANV (Acción Nacionalista Vasca), un partido recientemente resucitado por sus promotores que había permanecido inactivo en los últimos procesos electorales. Sin embargo, hoy revelamos que las fuerzas de seguridad han comunicado al Gobierno que Batasuna asume la marca de ANV como propia, una vez que la Mesa Nacional de la formación ilegalizada ha hecho saber a sus mandos intermedios que la utilización de esas siglas para concurrir a las elecciones del 27-M es una de sus opciones, sin descartar tampoco las agrupaciones locales.
Tras la decisión del Gobierno y la Fiscalía de iniciar los trámites legales para rechazar la inscripción de ASB -promovida por notorios proetarras-, Batasuna parece haber encontrado nuevas fórmulas para burlar la Ley de Partidos. En el caso de ANV, podríamos estar ante una reedición de lo que sucedió con el PCTV, que logró colarse en el Parlamento vasco, porque ni el Gobierno ni la Fiscalía instaron a su ilegalización, alegando que no había suficientes pruebas de su vinculación con Batasuna.
Es verdad que la doctrina de la aplicación de la Ley de Partidos es ahora más restrictiva, después de que el propio Tribunal Constitucional rechazara muchas de las pruebas admitidas por el Supremo cuando fueron anuladas las candidaturas de Aukera Guztiak (AG) en las elecciones municipales de 2003. De esta forma, el hecho de que Batasuna asuma a ANV como una criatura propia o incluso que llegara a respaldar sus hipotéticas candidaturas no sería suficiente para anular sus listas en cumplimiento de la Ley de Partidos. El TC sí admitió como elemento de prueba en el caso de AG las reuniones que mantuvieron los dirigentes de Batasuna con los promotores de las candidaturas anuladas.
Es por ello que el Gobierno tiene que ordenar a las Fuerzas de Seguridad que extremen la vigilancia sobre ANV y examinar sus listas con lupa para impedir que Batasuna burle la ley, una vez que el Ejecutivo ha sido alertado sobre las intenciones del partido ilegalizado.
Ahora bien, todos estos ejemplos de cómo un partido ilegalizado intenta colarse por las rendijas del sistema ponen de manifiesto cuál es el fondo del problema. Los dirigentes de Batasuna se reúnen con Ibarretxe y con Patxi López, celebran congresos, dan mítines todos los fines de semana y ruedas de prensa a diario. Ni el Gobierno ni los jueces han sido capaces de impedir que Otegi, Barrena, Permach y compañía actúen como si pertenecieran a un partido legal, con la única limitación de que no pueden presentarse a las elecciones con sus siglas, aunque sí probablemente con otras distintas. Algo falla en la Ley de Partidos porque basta aplicar el sentido común para saber que en este caso el problema no son los muñecos -ANV, PCTV- sino el ventrílocuo. O sea, Batasuna.
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