Primer elemento: un partido absolutamente residual, Acción Nacionalista Vasca (ANV), sin apenas militancia ni estructura -una veintena de asistentes a su última asamblea- pese a estar registrado como formación política desde hace 28 años, presenta, de la noche a la mañana, candidaturas en muchas poblaciones vascas y navarras para las elecciones del 27 de mayo.
Segundo elemento: ANV ha estado durante años integrado en Herri Batasuna, ha seguido al pie de la letra su estrategia y miembros de su dirección han formado parte de la Mesa Nacional de la formación ilegalizada.
Tercer elemento: según los informes provisionales de las Fuerzas de Seguridad del Estado, al menos dos o tres de cada 10 integrantes de las listas presentadas por ANV han formado parte o han tenido relación con Batasuna o alguna otra formación ilegalizada de la izquierda abertzale.
Cuarto elemento: la dirección de Batasuna ha informado a sus cuadros de que ANV pasa a ser su tapado para concurrir a las próximas elecciones, dadas las dificultades para que su primera opción, ASB, pueda superar el filtro del Tribunal Supremo.
Quinto y definitivo elemento: los papeles incautados por la Guardia Civil a Mikel Antza en 2004 revelan que el líder e ideólogo de la banda durante varios lustros advertía de su puño y letra que la «respuesta» a la ilegalización de Batasuna para soslayar la acción de la Justicia debía ser ANV.
Creemos que estos elementos, sumados, son suficientes para actuar contra ANV, aunque la Fiscalía ha puesto el listón tan alto con su negativa a emprender acciones contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) que empezamos a dudar de cuál será ahora el proceder del Ministerio Público. Sorprende, de cualquier forma, que tanto la vicepresidenta Fernández de la Vega como el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, hayan manifestado ya que ANV cumple «a día de hoy» con la legalidad.
Los plazos que marca la normativa impiden ilegalizar a ANV antes de las votaciones de mayo, pero sí permiten impugnar las listas. Ésa tendría que ser la primera actuación como paso previo a la posterior ilegalización. Con las pruebas existentes y voluntad política se puede y se debe evitar que Batasuna burle de nuevo al Estado de Derecho. La Fiscalía General y la Abogacía del Estado tienen que hacer valer la Ley de Partidos, si no, mejor sería derogarla, porque se demostraría inútil para actuar ante casos flagrantes que vulneran el espíritu y la letra con que fue redactada.
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