No obstante, dichas fuentes dan por hecho que, al menos, podrán impugnarse algunas que incluyan a dirigentes de formaciones ilegalizadas como Batasuna, Herri Batasuna o Euskal Herritarrok, entre otras.

Queda, en todo caso, la posibilidad de que el Gobierno tome la decisión de que se impugnen masivamente como gesto político, aún a riesgo de que el Tribunal Constitucional las rechace. Salvo decisión política distinta en la próxima semana, no parece probable esta salida.

El primer análisis jurídico de Interior muestra que no puede actuarse contra listas por el sólo hecho de contener antiguos candidatos de algunas de esas formaciones. Argumentan un doble motivo: la propia jurisprudencia del Constitucional que limitaba a dirigentes con «posición relevante» esa contaminación y, en segundo lugar, el hecho de que ANV no sólo es un partido legal, sino que en sus estatutos incluye expresamente la condena de la violencia.

Es decir, aseguran que al tratarse de la limitación de un derecho constitucional como el de participación política hay que acreditar las pruebas convenientemente y no basta la simple suposición o convicción política.

Además, la anulación de otra lista no invalida a todos sus miembros al volver a estar presente en otra en otros comicios, y mucho menos si ésta última condena la violencia. Lo contrario sería limitar de por vida un derecho fundamental, sin posibilidad de paso atrás o reinserción.

En este sentido, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, señaló ayer la «enorme dificultad probatoria» que requiere la decisión de recortar derechos constitucionales, informa Europa Press.

«Estamos hablando de limitación del derecho de sufragio y cuando hablamos de eso, ya tenemos jurisprudencia, la de la Sala del 61 y la del Tribunal Constitucional, que avalan la enorme dificultad probatoria que siempre se ha necesitado», recordó.

Así, el ministro de Justicia apuntó que «se necesita un conjunto de pruebas importante» porque, insistió, «se trata de limitar el derecho de sufragio y eso es muy serio, con la jurisprudencia en la mano».

Bermejo confirmó que «el servicio jurídico del Estado está trabajando a tope» y «viendo las cosas con claridad» para llegar a tiempo de impedir que ANV esté en las elecciones municipales del próximo 27 de mayo si existe vinculación con Batasuna, ya que la meta es que «se cumpla la ley» que, dijo, «es muy sencilla».

Algo parecido aseguraron ayer dirigentes del PSE, como el secretario general de Guipúzcoa, Miguel Buen, quien consideró que, en caso de «duda», se debe «permitir» que las listas de ANV participen en las próximas elecciones municipales y forales.

Fuentes del Gobierno aseguran que en la decisión final, además de la valoración jurídica, se tendrá en cuenta también la política. Es decir, ante las dificultades que puedan surgir, el Ejecutivo debe optar entre evitar el gasto político y electoral con una impugnación masiva aunque pueda ser rechazada por el TC y el riesgo a que la izquierda abertzale obtenga un triunfo político ganando los recursos ante el alto tribunal.

Según dichas fuentes, la actuación de la izquierda abertzale parte de una estrategia bien pensada que coloca al Gobierno en una difícil situación. Insisten en que no hay ningún proceso de paz o de diálogo abierto y que el Ejecutivo mantiene su intención de impedir que Batasuna esté en las elecciones con las siglas que sea y, por eso, ha impugnado a ASB como nuevo partido y lo hará con los centenares de agrupaciones.