En noviembre del pasado año, cuando PSE, PNV y Batasuna se encontraban todavía manteniendo negociaciones tripartitas en Loyola, la dirección de ETA envió a sus miembros informes sobre la situación del proceso y de las conversaciones que se estaban manteniendo. Estos documentos contienen información genérica, sin entrar en detalles concretos.

La dirección etarra da cuenta a sus activistas de que los tres partidos citados se encontraban desde septiembre «inmersos totalmente en una negociación política tripartita». «En esa negociación política», afirma ETA, «la izquierda abertzale ha estado elaborando con el PSOE y el PNV un nuevo marco jurídico político para Euskal Herria».

La organización terrorista se jacta de haber conseguido llevar al PSE y al PNV a su terreno: «Gracias a la presión han estado obligados a entrar en un terreno en el que no querían meterse». ETA considera que en esa negociación «se ha dado un paso adelante», porque «las piezas fundamentales para un marco democrático están sobre la mesa. Los mínimos políticos de la izquierda abertzale han quedado establecidos ante los otros dos agentes».

La banda habla de la existencia de un «acuerdo inicial», pero sostiene que ese primer pacto no era satisfactorio: «El acuerdo inicial conseguido no responde a los mínimos que son necesarios para edificar un marco democrático», indica la banda.

Desde el mes de septiembre de 2006, los socialistas vascos, el PNV y Batasuna estuvieron manteniendo una serie de conversaciones que tuvieron como escenario la sede de los jesuitas de Loyola.

La organización terrorista, en sus documentos internos, considera que los socialistas y el PNV no habían tenido un comportamiento claro en la mesa de negociaciones y que buscaban «la indefinición en el texto del acuerdo, para condicionar después el desarrollo del proceso a su favor».

En los textos de ETA se insiste varias veces en las acusaciones de indefinición lanzadas contra PNV y PSE, lo que explicaría las exigencias del 15 de noviembre de solicitar compromisos de los dos partidos sobre fechas concretas en las que se aplicarían las dos grandes exigencias tradicionales de la organización terrorista: la unión de Navarra al País Vasco y el referéndum de autodeterminación.

«La respuesta del PSOE ante los mínimos planteados por la izquierda abertzale ha sido negativa. Esa posición negativa ha traído el bloqueo de la negociación política, alejando así las posibilidades de acuerdo».

La organización terrorista sostiene que el proceso estaba bloqueado y que «las condiciones establecidas por el Gobierno español hacen imposible el desarrollo del proceso». ETA aseguraba a sus militantes que, cuando se había puesto sobre la mesa una propuesta concreta para solventar «la división político-institucional de Euskal Herria», se produjo el bloqueo.

A principios de noviembre, ETA advertía de que la situación de bloqueo era la misma que tres meses antes, aunque consideraba que se había aclarado la cuestión que generaba la paralización de la negociación y que no era otra que «el problema de la territorialidad», es decir, de Navarra.