En una de las cintas a las que ha tenido acceso EL MUNDO, el ex secretario general del PSOE de Ibiza asegura que en la operación Eivissa Centre se ha recurrido a los «contactos con Madrid», y da cuenta de una presunta reunión con el secretario de Organización del partido. Según su testimonio, en esa reunión, los representantes del PSOE de Ibiza pidieron permiso a José Blanco para cobrar el dinero «para la agrupación» local, a lo que «Madrid» no sólo no habría puesto reparos, sino que habría aceptado a condición de que el cobro se realizara a través del Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB) por ser ése «el canal adecuado».

Aunque defendemos, como no podría ser de otra forma, la presunción de inocencia de Blanco -más aún cuando se le involucra por testimonios de terceros-, la verosimilitud del relato -en el que aparecen registradas las voces de varios cargos públicos socialistas- y la gravedad del mismo obligan al PSOE a esclarecer el caso en todos sus términos. Oficialmente, el partido ha restado importancia al asunto y ha tratado de despacharlo con el argumento de que se trata de «un montaje». ¿Significa eso que las voces de las grabaciones no son verdaderas? ¿Qué se refieren a hechos que no han sucedido? ¿Acaso es falso que el Ayuntamiento de Ibiza creó una sociedad mixta con Brues? ¿O que dictó una resolución adjudicando el proyecto? Los socialistas baleares no responden a estas preguntas y aseguran que se trata de «una venganza». Podría ser, pero la cuestión es si la denuncia es cierta. También fueron una venganza casos como Filesa o el secuestro de Marey, que se demostraron totalmente ciertos. Por ello, el PSOE está obligado a iniciar una investigación interna. Por lo pronto, el fiscal jefe de Baleares ya ha abierto diligencias y ha pedido a EL MUNDO las grabaciones.

La Justicia tiene aquí y ahora la oportunidad de demostrar que no actúa con un doble rasero en Baleares, donde, hasta la fecha, ha puesto mucha más energía y diligencia en los escándalos que afectan al PP que en los que salpican a otros partidos como UM o el PSOE.

El caso Ibiza tiene el agravante de que no asistimos sólo al presunto enriquecimiento personal de unos cargos públicos -como podría haber ocurrido en Andratx-, sino a la posible implicación de toda una organización política. De hecho, uno de los protagonistas del caso asegura que el propietario de Brues -una de las empresas que había sido favorecida por Luis Roldán cuando estaba al frente de la Guardia Civil- ha pagado ya plazos del soborno y que acostumbra a dar «siempre» al PSOE una comisión del 1% del valor de las obras que le adjudican.

El PSOE ha presentado a bombo y platillo su programa electoral con el lema de «tolerancia cero» contra la corrupción urbanística. Ahora tiene una magnífica oportunidad de demostrar que es coherente.