El PSOE dio ayer signos de atolondramiento al tratar de desmarcarse de las acusaciones de quien ha sido hasta hace sólo unos meses concejal y secretario general de una de las agrupaciones más importantes de Baleares, Roque López, que afirma en unas grabaciones que su partido aceptó un soborno de 1,5 millones de euros en Ibiza y que el cobro fue autorizado por el secretario de Organización, José Blanco.
Aunque no es la primera vez, no deja de ser chocante que el PSOE decidiera expulsar ayer a López de forma fulminante, sin esperar siquiera a abrirle un expediente y escuchar sus explicaciones en la Comisión Federal de Garantías. El caso más similar al suyo de suspensión de militancia es el de Ana Luisa Villar, esposa de José Luis Balbás, líder de los Renovadores por la Base, la corriente a la que pertenecían los parlamentarios de la Asamblea de Madrid Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que traicionaron a Rafael Simancas hace cuatro años.
Para justificar su impetuosa decisión con López, el PSOE aseguraba ayer en un comunicado que éste «se encuentra en paradero desconocido para poder corroborar o desmentir las informaciones aparecidas». El interesado no sólo lo desmintió, sino que afirmó estar «disponible para quien quiera llamarme», lo que revela que tiene intención de dar la cara. El asunto no es menor. Por un lado, queda en el aire si con su actuación el PSOE pretende tapar lo que pueda haber de verdad en las denuncias de López. De otro, al acallar un testimonio que puede serle incómodo, asistimos a una decisión más propia de un club privado que de un partido político, e impropia de los ideales democráticos con los que tantas veces se ha comprometido públicamente Zapatero.
La variedad de respuestas que desde el PSOE se ofrecieron ayer del caso Ibiza muestra también la desorientación del partido. Mientras se conocía que Blanco presentaba una querella por calumnias contra Roque López, unos denunciaban una «confabulación» planificada «desde los despachos de la derecha económica» y otros parecían admitir implícitamente los hechos al poner el punto de mira en la forma en que se hicieron las grabaciones y denunciar su no validez por «intromisión en el secreto de las comunicaciones». Pero nadie ha explicado por qué los interlocutores de López -algunos de ellos, cargos socialistas- aceptan con naturalidad el cobro de comisiones en las grabaciones. El PSOE yerra al refugiarse en la idea del complot y no investigar el asunto, como si su organización fuera inmune a la corrupción, habiendo olvidado su reciente pasado felipista.
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