A la vista de las contradicciones entre los informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el magistrado de la Audiencia Nacional había solicitado a Interior una recopilación actualizada de todos los datos que permitieran establecer vínculos entre ANV y Batasuna. Y ello porque Garzón está estudiando la posible ilegalización por la vía penal de ANV, para lo cual necesita pruebas de que forma parte del entramado ETA-Batasuna.

El nuevo informe de Interior no es concluyente al respecto y señala que «no se puede determinar que ANV sea un instrumento de ETA-Batasuna, aunque haya afinidad en algunos objetivos».

El documento señala que «pudieran existir indicios de un posible diseño de la estrategia de utilización de las siglas de ANV y de sus listas por parte de Batasuna», pero a continuación afirma que todavía «se están analizando» esas listas. También recoge una serie de actos en los que ambas organizaciones han colaborado y hace referencia a contactos y reuniones entre sus dirigentes. Pero subraya que «ANV no fue creado por la banda terrorista» ni se halla dentro de su disciplina y que decidió no integrarse en Batasuna.

Como se puede observar, el documento entregado al juez deja un amplísimo margen a la Fiscalía y al Gobierno tanto para pedir al Supremo la prohibición de sus listas como para cruzarse de brazos ante la falta de pruebas concluyentes.

La vicepresidenta De la Vega aseguró ayer que «no valen las sospechas», sino que hacen falta «certezas y pruebas» para impugnar las listas. Estamos convencidos de que esas pruebas existen y de que lo que no existe es una voluntad política firme del Gobierno de proceder contra ANV. Ayer mismo, Garzón ordenó la detención de un dirigente de Batasuna al que la Policía había incautado una relación de militantes del partido ilegalizado que figuran en las listas de ANV y en las plataformas electorales.

Este periódico reveló el pasado martes la existencia de un informe de la Guardia Civil, en el que figuraba que el etarra Mikel Antxa ya planeaba en 2002 utilizar a ANV como marca de repuesto de Batasuna. Otro informe de la Policía Nacional hacía referencia a un acuerdo entre dirigentes de Batasuna y ANV, en enero de 2003, para colaborar políticamente y paliar los efectos de la ilegalización en curso. Por si fuera poco, la Abogacía del Estado tiene constancia de que un alto porcentaje de los integrantes de las listas de ANV son militantes o simpatizantes de Batasuna y el entorno de ETA.

El Supremo tiene que pronunciarse sobre las listas de Batasuna y sus satélites la semana que viene en función de los datos que le proporcione la Fiscalía y el Gobierno, que no parecen por la labor de cerrar todas las puertas a la izquierda abertzale.