No obstante, esto no impidió que, al mismo tiempo, el magistrado ordenase el ingreso en prisión de Gorka Murillo Echeverría por elaborar las listas de ANV en Navarra en calidad de coordinador de Batasuna, miembro de Askatasuna (también ilícita por su vinculación a ETA) y de Segi (organización terrorista). Murillo, arrestado el pasado jueves, dado que actuó «en carácter» de miembro de la formación ilegalizada, estaría «quebrantando la suspensión judicial de Batasuna», según el magistrado.

Para Baltasar Garzón no existe contradicción alguna entre una decisión y otra porque la actividad de Murillo es una excepción, o por lo menos, las Fuerzas de Seguridad no han aportado pruebas que demuestren que sea más que eso.

Lo curioso es que es el magistrado el que aporta esos indicios en el auto en el que declara «la plena legalidad de la formación cuestionada».

Hace un mes, la Guardia Civil realizó una operación contra el comando Donosti en el transcurso de la cual llevó a cabo varios registros. Uno de esos registros fue efectuado al lado del domicilio de Murillo que, pensando que iba a ser arrestado entonces, tiró su pen drive por la ventana. Según el juez, este miembro de la Mesa Nacional navarra de Batasuna había guardado los documentos que la formación ilegalizada le había enviado con su «planificación política» y «electoral» para los años 2006 y 2007 en Navarra y el País Vasco.

El juez explica que, en el documento «Ahora la izquierda abertzale. Las seis líneas generales del discurso objetivo: Posicionamiento público», se desarrollan los «planes A, B y C». «De esos planes, el primero, la legalización de Abertzale Sozialistak Batasuna (ASB) ya se ha presentado y se halla pendiente de resolución del Tribunal Supremo y los planes B y C, podrían corresponderse con la presentación de las plataformas electorales y de un partido político concreto cuyas listas (alguna de ellas), se utilizarían», dice Garzón.

Así pues, el magistrado instructor reconoce que Batasuna tenía planeado utilizar las siglas de un partido político, es consciente de que la información del pen drive es de hace un mes, y constata que el dirigente del partido ilegalizado, siguiendo la consigna de su partido, ya entonces elaboró las listas de Acción Nacionalista Vasca; pero como no «se contiene mención o referencia alguna a ANV», descarta que pueda relacionarse todo esto con la presentación de candidaturas de forma masiva.

Nueve de 10

Por cierto que, según el auto judicial, 13 personas de las 18 intervenidas en la documentación de Murillo, se han presentado finalmente en las listas de ANV o de Ultzama Abertzale Sozialistak. Concretamente, nueve de las 10 elegidas por él ya hace un mes, están hoy en la lista de ANV.

«En ninguno de esos documentos aparece identificación alguna de ANV o de personas vinculadas a esa formación aunque existen datos que demostrarían la proximidad, influencia y participación de Batasuna en alguna de las listas electorales», resuelve el magistrado.

Así pues, basándose en las conclusiones del último informe realizado por la Policía y la Guardia Civil, Garzón concluye que «ANV no ha sido creada ni dirigida por ETA antes de 2001, aunque al formar parte de la coalición HB, podía haber estado instrumentalizada indirectamente por la organización»; que, después de 2001 «no ha estado ni está bajo la disciplina de ETA» aparte de algunas puntuales coincidencias entre las que incluye los homenajes a militantes de ETA; que «no es un instrumento de ETA-Batasuna», y no consta que sus estructuras hayan sido «fagocitadas» por otras organizaciones ilegales y que, aunque está en la izquierda abertzale, no es la izquierda abertzale «que interpretan ETA y Batasuna».

'Antza' y la palabra 'luego'

El juez desecha los datos aportados por las Fuerzas de Seguridad. Alude primero al documento incautado a Antza, el responsable del aparato político de ETA durante 12 años, en el que constaba ANV en varias ocasiones y, en una de ellas, tras el dibujo de una flecha, la palabra «luego».

Para la Guardia Civil esto significa que la banda, «al ver a su principal referente político ilegalizado, decide manipular de algún modo a la formación ANV, sin duda, ante la posibilidad de hacer uso de sus siglas». Según el juez, Antza también analiza otras siglas e incluso la labor de medios de comunicación y eso sólo demuestra que ETA tiene «planes» y «opiniones para todas aquellas organizaciones que le resultan de interés». Respecto a la palabra «luego», la usa en favor de ANV; dice que demuestra que, precisamente, cualquier plan que tuviera Antza fue aplazado y que no se ha demostrado «si después de ese documento han existido cooperación o utilización».

Una vez más, descarta que haya relación alguna entre los documentos de Batasuna encontrados en poder de Murillo y la elaboración de centenares de candidaturas por parte de un partido que jamás se ha presentado a las elecciones y que carecía de infraestructura para hacerlo.

El juez admite que ANV está en la izquierda abertzale pero divide en 3 las organizaciones que la componen: las suspendidas judicialmente; las próximas a la órbita de ETA y Batasuna pero sobre las que no se han obtenido pruebas para declararlas ilícitas, y las que no están en la órbita de ETA, «aunque couyunturalmente puedan ser instrumentalizadas». Y es aquí donde incluye a ANV y a Tierras Vascas.

También hace referencia al protocolo de colaboración pactado en 2003 por los dirigentes de la Mesa Nacional de Batasuna, Permach e Ibón Arbulu con los miembros de ANV Txaro Guerrero y Antón Gómez para «frenar parte de los efectos de la ilegalización» y cuando Batasuna ya tenía suspendidas formalmente sus actividades. Dice que, «a pesar de que ANV participa en diferentes actos de la izquierda abertzale, ha mantenido una estructura diferente y ajena al entorno de Batasuna».

Garzón no descarta que si aparecen nuevas pruebas se pueda reabrir el caso y recuerda que esta vía es independiente de la que pueda emprender la Sala del 61 del Supremo para una eventual ilegalización.