A cualquiera que haya seguido lo publicado por EL MUNDO en los últimos días sobre las estrategias del entorno proetarra para concurrir a las elecciones le causará cierto estupor conocer la decisión del juez Baltasar Garzón de no suspender la actividad de la formación abertzale Acción Nacionalista Vasca (ANV). Como respuesta a las peticiones de la asociación Dignidad y Justicia, el magistrado dictó ayer un auto en el que rechazó tomar cualquier medida contra ANV al considerar que no existe «ni el más mínimo indicio de pertenencia, integración, vinculación orgánica ni siquiera temporal o transitoria» de este partido con ETA-Batasuna. La conclusión de Garzón es asombrosa a la vista de la nutrida lista de pruebas que se han ido conociendo en los últimos días, pero es mucho menos comprensible si tenemos en cuenta que muchas de ellas forman parte de su argumentación.
Garzón cita, por ejemplo, en su auto los planes del jefe de ETA Mikel Antza de utilizar a ANV como marca de repuesto de Batasuna y el acuerdo de colaboración mutua entre miembros de la formación proetarra y ANV para paliar los efectos de la ilegalización en curso. Sin embargo, ni uno ni otro son según él pruebas concluyentes de que lo que hasta hace unos días era un partido fantasma forme ahora parte de la estrategia de ETA para volver a las instituciones.
Especialmente llamativo es el caso del dirigente de Batasuna Gorka Murillo, para quien el propio Garzón decretó ayer prisión incondicional. Murillo, actualmente en nómina del PCTV -¿por qué la Fiscalía sigue sin instar su ilegalización?-, no sólo ha confeccionado las listas de ANV en Navarra sino que además tenía en su poder documentos que dan detalles de la estrategia del entorno proetarra para estas elecciones. En ellos se citan sin nombrarlos los tres planes -ASB, plataformas y ANV- de la formación ilegal para concurrir a los comicios. Garzón admite que Murillo ejecuta órdenes de Batasuna y que los documentos que obraban en su poder reflejan la estrategia etarra, pero el hecho de que no contengan ninguna «mención» a ANV impide actuar contra ella.
El auto del siempre dócil Garzón -criticado ayer por los dos grandes sindicatos policiales- ha confirmado lo que anunciaban los informes que el viernes presentó Interior: que ni el Gobierno ni la Fiscalía tienen voluntad política para actuar contra ANV. En cualquier caso, agotada la vía penal, habrá que esperar a que se pronuncie la llamada Sala del 61 del Supremo. Sin embargo, no es muy probable que el Alto Tribunal vaya a nadar contra la corriente gubernamental. Y si Batasuna regresa a los ayuntamientos con cualquiera de sus disfraces, será Zapatero quien deba responder por ello ante los españoles.
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