ETA informó a sus militantes el pasado mes de agosto de que había cerrado con el Gobierno central compromisos «concretos» en las reuniones mantenidas con los representantes del Ejecutivo: por una parte, los destinados a «desactivar la represión dentro del acuerdo convenido» y, por otra, el de «aceptar de facto la actividad política de la izquierda abertzale». Sin embargo, al mismo tiempo que les comunicaba este dato, advertía a los suyos que el Gobierno había incumplido estos pactos, que el proceso había entrado en crisis y que tenía la intención de atentar si no se reconducía la situación.
De hecho, ETA defiende en ese escrito la tesis de que la negociación y los atentados son compatibles, y que la izquierda abertzale ha de ir asumiendo este principio para después justificarlo públicamente con los menores costes posibles. «La base principal del proceso de liberación es la lucha; también en tiempo de negociación», afirma. Y más adelante añade: «Si el acuerdo no se consiguiera, la izquierda abertzale ha de estar mentalizada y preparada para afrontar esta situación. Se deben conformar los criterios para gestionar un escenario sin acuerdo y un planteamiento de lucha».
Según estos parámetros, la banda terrorista cree estar en estos momentos en el escenario que previó: aspirando a administrar cualquier situación negociadora que pueda surgir con la amenaza de la violencia, a pesar de haber cometido un atentado.
En el documento, la organización distinguía entre «compromisos relativos a las garantías acordados con ETA» y «los compromisos políticos del acuerdo establecido con ETA».
Los compromisos «relativos a las garantías» serían los que acreditarían la voluntad previa del Gobierno a dar los pasos necesarios para configurar el marco de un proceso negociador. La banda en este punto se refiere, como ya se ha señalado, a la «desactivación de la represión», y, con ello, alude a un supuesto pacto con el Ejecutivo para que no se produjeran detenciones y para que fueran interrumpidos los procedimientos judiciales contra los miembros de la izquierda abertzale.
Y también incluye en este epígrafe el «aceptar de facto la actividad política de la izquierda abertzale». A pesar de que los dirigentes de Batasuna día sí, día también, ofrecían ruedas de prensa y organizaban actos durante la tregua, algunos jueces como Fernando Grande-Marlaska -sustituto de Baltasar Garzón al frente del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional- impidieron actos de la formación ilegalizada como el organizado por el dirigente de la Mesa Nacional Pernando Barrena, en el que se iba a presentar el 9 de abril, su «alternativa política».
ETA utilizó ese tipo de decisiones como excusa para asegurar que el Ejecutivo no era de fiar, mientras se rearmaba y vulneraba las normas que ella misma se había impuesto respecto a la tregua.
Cuando la banda terrorista se refiere a otros acuerdos a los que denomina «compromisos políticos del acuerdo establecido por ETA» y denuncia que el Ejecutivo «sigue sin dar pasos», alude con ello, entre otros asuntos, a la mesa de partidos en la que se iba a abordar la modificación del ámbito de autogobierno en el País Vasco.
En cualquier caso, deja bien claro que un escenario de diálogo y el otro, el operativo y el político, no se pueden separar y que es ella la que los administra: «Son dos mesas de negociación pero no son dos procesos. El proceso es uno y único, y los dos se alimentan mutuamente», e insiste al asegurar que «se darán nuevos pasos en el ámbito de la Organización, en la medida en que se den en el primer ámbito y en proporción».
ETA distribuye este documento entre los suyos a mediados del mes de agosto y simultáneamente al comunicado en el que anuncia públicamente que el proceso se encuentra en crisis y, en el que, también públicamente, pide al Gobierno que dé pasos. Unos pasos que, efectivamente, fueron dados por el Ejecutivo. Si hasta ese momento, Batasuna se había reunido con el PSE y con el PNV de forma bilateral, a partir de septiembre, los tres partidos mantuvieron encuentros en busca de un preacuerdo político. Es en ese ámbito en el que entran en discusión, en una mesa secreta y extraparlamentaria, los conceptos de autodeterminación y territorialidad.
Semanas antes, la banda había escrito lo siguiente: «El acuerdo se llevará a cabo en tres pasos: a) cerrar el acuerdo con PSOE y PNV; b) adhesión del resto de partidos políticos; c) apoyo del resto de los agentes».
A pesar de las reuniones, en noviembre, los tres partidos llegaron a la conclusión de que no podían cerrar ese preacuerdo que perseguían porque Batasuna elevaba sus aspiraciones, tal como le había exigido ETA. Y a pesar del encuentro entre los enviados de la organización y los del Gobierno, la banda perpetró el atentado de Barajas.
Y es aquí donde entra su otro planteamiento sobre, «gestionar un escenario sin acuerdo y un planteamiento de lucha». Desde el punto de vista de ETA, esto significa, según el mismo texto, que, a partir de ese momento, pretende negociar sin renunciar a los atentados.
LOS COMPROMISOS «CONCRETOS», SEGUN LA ORGANIZACION RELATIVOS A LAS GARANTIAS
«Desactivar la represión». Según el criterio de la banda terrorista esto implica paralizar las detenciones de sus integrantes y anular los procedimientos judiciales abiertos contra los miembros de la izquierda 'abertzale'.
«Aceptar de facto la actividad política de la izquierda 'abertzale'». A pesar de que los dirigentes de Batasuna ofrecían frecuentes ruedas de prensa, ETA utilizó la excusa de la suspensión de algunos actos por parte de los jueces de la Audiencia Nacional.
ACUERDOS POLITICOS CON LA BANDA
Mesa de partidos: La organización terrorista exigió que las reuniones bilaterales entre Batasuna, PSE y PNV, se convirtieran en encuentros a tres bandas en los que se confeccionase un preacuerdo sobre cuestiones políticas como la autodeterminación y la territorialidad. Se rompió en noviembre.
Y SI FRACASAN...
«La base principal del acuerdo es la lucha; también en tiempo de negociación».
