Pero es que, además, la forma en la que el Gobierno ha aprobado el traspaso -a través de una orden ministerial- supone la retirada del proyecto de ley sobre la transferencia del monumento, aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 2006, y que se encontraba en periodo de enmiendas en el Congreso. El Gobierno tendrá que explicar por qué antes consideraba necesaria una ley y ahora le basta con una orden ministerial para la cesión del castillo.

Hay que recordar que el proyecto fue aprobado con el impulso político del entonces ministro de Defensa, José Bono, cuyo mayor empeño era que la bandera española ondease en el castillo «de forma permanente» y «preferente» y que se mantuviera la guarnición militar que vigila las antenas de comunicaciones del Ejército que aún funcionan en el recinto. Según la orden ministerial, la bandera española -efectivamente- ondeará junto a la catalana, la de Barcelona y la europea, lo cual es una buena noticia; aunque las antenas y redes de comunicaciones del Ejército, así como el personal militar que las custodia, desaparecerán de allí en el plazo de tres años.

La cuestión no es baladí, puesto que una orden ministerial tiene, obviamente, un rango menor que una ley. Si en el futuro un alcalde de Barcelona decidiese retirar la bandera española, el Gobierno de la Nación no podría hacer nada para impedirlo. Este riesgo era precisamente el que quería evitar el ex ministro Bono. Los partidos políticos catalanes -incluidos sus socios de IC y ERC- criticaron ayer la operación de propaganda de Zapatero y Hereu, señalando que la decisión sobre el castillo de Montjuïc requería una ley consensuada que derogase lo establecido en el franquismo, puesto que se trata de una fortaleza con un alto valor simbólico.