Cuando el pasado 8 de abril Gara publicaba una entrevista con ETA en la que la banda terrorista aseguraba que «el Gobierno español no ha respetado sus compromisos de alto el fuego», el Ejecutivo se apresuró a negar que existieran tales acuerdos. Sin embargo, el hecho de que éstos aparezcan detallados en los papeles incautados hace un mes a José Angel Lerín, miembro del comando Donosti, revela que la constante referencia de ETA y también de Batasuna a esos compromisos con el Ejecutivo no puede ser archivada como un ejercicio propagandístico de la banda: en este caso, se trataba de un documento destinado al consumo interno.
Según ETA, se llegó a dos tipos de «compromisos» con el Gobierno de Zapatero, unos «relativos a las garantías» para permitir su funcionamiento impune -suspensión de detenciones y procedimientos judiciales, y aceptación «de facto» de las actividades de Batasuna- y otros «políticos», los que debían alcanzarse a través de una mesa de partidos. Lo que ETA deja bien claro es que los compromisos pragmáticos y los fines políticos son indisociables, y que, por tanto, no le basta con que se deje funcionar a su partido si sus objetivos últimos -la autodeterminación y la anexión de Navarra- desaparecen de la negociación.
ETA, que distribuyó este documento entre los suyos en agosto, les daba a conocer que el Gobierno había incumplido su parte y que por tanto la banda se disponía a atentar, una posibilidad que nunca consideró ajena al proceso de paz sino, bien al contrario, un arma de presión permanente, como finalmente demostró el pasado mes de diciembre en Barajas tras el fracaso de una mesa secreta con el PSE.
Cada nueva revelación de datos sobre el llamado proceso de paz pone de relieve de forma pasmosa la ingenuidad del presidente del Gobierno, que no habrá cumplido todos los compromisos que detalla ETA a satisfacción de la banda, pero sí ha hecho muchas concesiones para no llegar a ningún puerto: desde la permisividad con el PCTV a la vista gorda con muchos actos de Batasuna, pasando por el repentino cambio de criterio de la Fiscalía respecto a Otegi y la atenuación de pena del etarra De Juana. La decisión del Gobierno de renunciar a pedir la ilegalización de ANV, a pesar de los indicios que muestran que es el nuevo brazo de ETA, nos situaría ante una enésima concesión de consecuencias aún más graves. Habrá que estar atentos al celo mostrado para recurrir las listas, aunque esta vía deje muchas posibilidades a la banda para colarse en Ayuntamientos y disfrutar de su financiación.
Tal y como el preso De Juana se pasea ya impunemente por la calle, cada vez hay más síntomas de que Batasuna, y con ello ETA, se pasearán pronto por las instituciones vascas. Por supuesto, a ETA, como deja claro en su documento interno, no le bastan las medias tintas y mantendrá todos sus objetivos maximalistas. Ya en agosto presagiaba que ella gestionaría el actual escenario, en el que atentar es compatible con continuar la negociación y esperar gestos favorables del Gobierno. Lo más probable es que los posibles atentados queden aparcados, como el alta de De Juana, hasta que pasen las elecciones del 27-M.
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