Los criterios aplicados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado a Acción Nacionalista Vasca (ANV) van a dejar fuera de toda posibilidad de ilegalización el 70% de las listas de esa formación en el caso del Ministerio Público, porcentaje que será del 53% en el caso del representante jurídico del Gobierno.
La Fiscalía considera que no superará el filtro del Tribunal Constitucional ninguna impugnación que se base en la presencia de menos de tres candidatos batasunos o, si se trata de un número inferior, que no sea una figura relevante del mundo abertzale. La Abogacía del Estado, por su parte, considera contaminadas las listas en las que el 20% de los candidatos proceden de Batasuna.
Los criterios que han manejado la Fiscalía y la Abogacía del Estado, las únicas instancias legitimadas por la Ley de Partidos para acudir a la Sala del 61 del Supremo, se basan en la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional (TC) a partir de mayo de 2003, cuando ETA-Batasuna emprendió, sin éxito, su primer intento de burlar la ilegalización de su brazo político.
Esa doctrina fue endurecida por el Constitucional con ocasión de las elecciones al Parlamento Vasco de 2005, cuando ETA-Batasuna trató de concurrir a la confrontación electoral con Aukera Guztiak.
La ilegalización de esa agrupación electoral se consiguió «por los pelos», según admiten fuentes de la Fiscalía, que ahora ha depurado los criterios jurídicos a aplicar a ANV con virtualidad para ser convalidados por el TC. Este Tribunal ha declarado que la ilegalización de un partido «no comporta la privación del derecho de sufragio, activo o pasivo, de quienes fueron sus promotores, dirigentes o afiliados» y ha establecido que «la sola presencia [en una lista] de un candidato vinculado a un partido disuelto no supone un indicio bastante» para acreditar una voluntad defraudatoria.
Fuentes del Ministerio Público indicaron que, sin establecer un porcentaje exacto de contaminación, en la demanda que se registrará hoy en el Tribunal Supremo aparecerán las candidaturas de ANV en las que se constate la presencia de un mínimo de tres integrantes vinculados a ETA-Batasuna y también aquéllas en las que, sin llegar a esa cifra, aparezca un personaje relevante del entorno abertzale.
Este último es el caso de la lista de ANV al Ayuntamiento vizcaíno de Ondarroa, cuyo número dos es Lorenzo Arkotxa, Loren. Arkotxa fue alcalde de Euskal Herritarrok (partido sucesor de HB y predecesor de Batasuna, todos ellos ilegalizados en 2003) y presidente de Udalbiltza Kursaal. Fue imputado por el juez Garzón en el sumario sobre las actividades de esa organización, que reunió a la asamblea de municipios de Batasuna.
También es el caso de la candidatura que ANV ha presentado al Ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa), encabezada por Antxon Izagirre, ex alcalde de Euskal Herritarrok. Izagirre era primer edil de Tolosa cuando ETA asesinó a Juan María Jaúregui y, emplazado a condenar ese atentado, se negó a hacerlo.
Éste es, para la Fiscalía, un claro ejemplo de la cesión, por parte de ANV, de una de sus listas para que pueda salir elegido un alcalde de las formaciones ilegalizadas. Y se trataría también de la confirmación de que los planes que diseñó en 2004 el número uno de ETA Mikel Albizu, Antxa, se han llevado, al menos en este caso, a la práctica.
Los documentos de Antxa, unas notas manuscritas en las que menciona crípticamente a ANV, han sido valorados como un frágil indicio por la Fiscalía porque su interpretación no es inequívoca y porque, además, desde que fueron elaborados transcurrieron dos procesos electorales (al Parlamento Europeo en 2004 y al Parlamento Vasco en 2005) sin que Acción Nacionalista Vasca fuera utilizada por ETA-Batasuna.
También se consideran equívocos los documentos intervenidos al último comando Donosti en abril, en los que se afirmaba que «si se niega a Batasuna presentarse, en el último momento sacar una sigla nueva que posibilite participar, legalmente, en las elecciones». Cabría interpretar que el plan se refiere a ANV, pero también a ASB, cuya inscripción como nuevo partido fue solicitada el 27 de marzo.
En la demanda contra las listas de ANV sí se incluirán, con el carácter de prueba plena y directa, los documentos intervenidos el 27 de abril a Jorge (o Gorka) Murillo, responsable de Batasuna en Ultzama, en cuyo poder se hallaron dos listas de nombres, una para la agrupación Abertzale Sozialisten y otra para la candidatura de ANV.
Los parámetros manejados por la Fiscalía conducirán a la petición de ilegalización de un centenar de listas de ANV, que en total presenta 256. Por su parte, la Abogacía del Estado manejaba anoche la cifra mínima de 105 candidaturas contaminadas, entre las que no se encuentran dos listas a las Juntas Generales de Alava, una de Guipúzcoa y otra de Vizcaya. En las Juntas Generales puede haber, por tanto, presencia abertzale.