La forma en que el Gobierno ha decidido resolver el problema del acceso de Batasuna a las instituciones revela que por encima del criterio de legalidad ha primado la táctica política. Primero, el Ejecutivo muestra la anulación de todas las candidaturas electorales presentadas por Abertzale Sozialistak (AS) como prueba de contundencia y triunfo del Estado de Derecho. Después, exhibe la impugnación de un tercio de las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) como ejemplo de su rigor en el cumplimiento de la ley y respeto a las reglas de juego democrático. Pero es de todos sabido que ASB era el señuelo de la izquierda abertzale para medir las tragaderas del Gobierno y, podemos sospechar también, para darle una coartada ante la sociedad española que le permitiera hacer la vista gorda cuando presentara sus candidaturas tapadas. Ahí es donde entra en juego ANV, que merced a la laxitud de Moncloa va a poder entrar en un centenar y medio de ayuntamientos.
Con su estrategia, Zapatero podría intentar matar dos pájaros de un tiro: de un lado, convencer a los ciudadanos de que ha hecho lo oportuno para impedir el acceso de los radicales a las instituciones. De otro, mantener viva la llama del diálogo con el mundo abertzale para no cerrar del todo la posibilidad de retomar el proceso de paz si se dieran las condiciones en el futuro. Pero al margen de la reprobación moral que merece retorcer la ley y subordinar a cálculos políticos la presencia en las instituciones de quienes justifican a una banda terrorista, mucho nos tememos que los abertzales no van a agradecer el gesto del Gobierno, como no lo hicieron cuando la excarcelación de De Juana Chaos o la absolución de Otegi. A cambio, Batasuna, con el disfraz de ANV, que le permite tener hasta tres de sus representantes por lista -según criterio del fiscal general-, ampliará sus tentáculos. Ganará poder en los ayuntamientos y obtendrá fondos públicos para financiar sus objetivos. Se habrá materializado así el plan de Mikel Antza, ex jefe de ETA, que ya en 2004, según consta en la documentación que le fue intervenida, acordó recurrir a ANV para burlar la ilegalización de Batasuna. Y se habrá cumplido también el deseo de la banda terrorista de recuperar su influencia en las instituciones.
El Gobierno ha contado con la ayuda del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido y del juez Garzón para llegar a la situación actual. El primero va a permitir colar a ANV alrededor del 70% de las listas, mientras el juez de la Audiencia Nacional decidió no suspender judicialmente la actividad del partido al concluir que no tiene vinculación alguna con ETA-Batasuna. Lo paradójico es que con la gran cantidad de candidaturas de ANV impugnadas por su relación con Batasuna (alrededor de un centenar) no acabe deduciéndose que es la propia formación la que está contaminada y se asuma lo que parece obvio para cualquiera: que estamos ante los herederos del partido ilegalizado. Pero para llegar a esa conclusión hacía falta voluntad política. La que no ha tenido el Gobierno.
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