El ministro de Justicia y el fiscal general del Estado se apresuraron a manifestar que el Supremo les ha dado «la razón», pero una simple lectura de la resolución sobre ANV basta para comprobar que más bien el Alto Tribunal ha querido poner en evidencia tanto al Gobierno como a la Fiscalía.

El Supremo asevera en su auto que su competencia sólo reside en «apreciar la continuidad o sucesión de un partido ilegalizado y disuelto por otro partido aparentemente legal». Es decir, velar por la ejecución de la sentencia de 2003, que ilegalizaba a Batasuna por considerarla un instrumento de ETA. El TS entiende que Batasuna ha recurrido a ANV para burlar la Ley de Partidos y resalta que existen numerosas pruebas de ello. Subraya, por ello, que las listas de ANV «son continuadoras de la asignación funcional de tareas de la banda terrorista ETA» y que han servido de «plataforma de penetración» del partido ilegalizado.

Los magistrados sugieren en este punto que había motivos para que el Gobierno y la Fiscalía hubieran instado ante el Supremo la ilegalización previa de ANV, pero que, al no haber optado por esa vía, la Sala sólo puede pronunciarse sobre la impugnación de las listas contaminadas.

Ello sólo se puede entender como una recriminación al Ejecutivo, ya que, si no había tiempo para solicitar la ilegalización de ANV, como éste alega, debería al menos haber impugnado la totalidad de sus candidaturas, como hizo con Abertzale Sozialistak.

El PP acusó ayer al Gobierno de «haber maniatado a la Justicia» y no le falta razón, porque la Sala del 61 hubiera aceptado la anulación de todas las listas de ANV en virtud de la propia lógica de su auto, en el que se reconoce que estas siglas están siendo utilizadas por Batasuna para burlar la ley. Si esto es así, carece de sentido validar el 48% de las listas y anular las restantes, como se ha visto obligado a hacer el tribunal ante la tibieza del Gobierno. Al igual que la Audiencia Nacional reprochó hace un par de meses a la Fiscalía que su negativa a acusar forzaba la absolución de Otegi, la Sala del 61 está sugiriendo ahora que el fiscal y el abogado del Estado la han atado de pies y manos en este asunto. Parece evidente que el Gobierno no quería cerrar todas las puertas a la izquierda abertzale y, por ello, optó por una acción legal absurdamente salomónica. El fallo del Supremo pone al desnudo su falta de voluntad política de acorralar a Batasuna.