Esos datos corresponden al tercero de los documentos incautados a los miembros del comando Donosti, desarticulado hace mes y medio, al que hace referencia el auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Se trata de dos textos de consumo interno titulados Situación política y Criterios para la dirección, que les fueron remitidos a los militantes más cualificados.

El último de ellos, fechado en noviembre, constata la situación de «bloqueo» en la que se encontraba la negociación de la citada mesa de partidos debido a la resistencia de los socialistas a aceptar la «autonomía a cuatro provincias» propuesta por ETA y reitera su intención de «superar el esquema de alto el fuego clásico»; es decir, insiste en compatibilizar negociaciones y atentados.

La banda terrorista asegura en dicho documento que «Batasuna, el PSOE y el PNV han buceado los tres en la negociación política»; que la izquierda abertzale ha estado elaborando un marco jurídico-político nuevo para Euskal Herria junto al PSOE y al PNV», y que, con ello, ha obligado a ambos partidos a «entrar en un terreno político en el que no querían entrar».

Sin embargo, reconoce que los socialistas y los nacionalistas «buscan la indefinición en el texto del acuerdo para condicionar en el futuro el desarrollo del proceso hacia su campo»; que «ante los mínimos planteados la respuesta del PSOE ha sido negativa», y que «esa posición negativa ha traído el bloqueo de la negociación». Aunque también dice que los socialistas justificaron sus negativas alegando el robo de armas perpetrado en Francia el 23 de octubre.

Tutelaje

Cuando ETA apunta a los «mínimos» planteados por Batasuna en la mesa de negociación, se refiere a la propuesta para crear una autonomía conjunta para las tres provincias vascas y Navarra que, después del atentado de Barajas, Otegi haría pública. Pero la banda -probablemente consciente de que los suyos lo van a tomar como una rebaja en sus exigencias de territorialidad que abarcan a las siete provincias vascas-, aclara que es un paso previo y que «los enemigos saben que si ese salto político se produce, el proceso hacia la independencia es imparable».

Esto en lo que dice respecto a la mesa política de partidos secreta sobre la que ETA ejerce un total tutelaje, cuya existencia y contenidos explicados en este periódico fueron desmentidos reiteradamente por los dirigentes socialistas. Sobre el tutelaje, la banda llega a asegurar que su presión es necesaria porque si no, los actores políticos no se ven estimulados a llegar a acuerdos. En la otra mesa, en la del Gobierno con ETA, la banda se duele porque ha introducido «tres asuntos sobre presos» y esto puede darle más carácter técnico que político, como pretende. aunque se consuela porque sostiene que ha puesto esos asuntos «como condición previa para posibilitar llegar a otras fases» políticas. Y después revela: «El tema de Iñaki. La organización, al ponerlo sobre la mesa, ha marcado posición». «Hemos cometido un error, sin embargo, porque se ha difundido la creencia de que había un acuerdo de gestión para más adelante», añaden. En cualquier caso, deja claro que las negociaciones privadas sobre el preso y la rentabilización pública del caso han de ir separadas, porque no quieren renunciar a «activar fuerzas a favor de los derechos de los presos».

En uno de los documentos anuncia también que van a plantear en su próxima reunión con el Gobierno, la última, mantenida en diciembre, los mínimos que Batasuna no logró que prosperasen en la mesa. «O los aceptan y hay proceso, o el Gobierno español decide que no hay proceso», sostiene ya entonces. Y añade: «Sobre la legalización, invalidar la Ley de Partidos a cambio de la legalización de Batasuna».

Los enviados del Gobierno regresaron convencidos de que no se iba a producir un atentado porque la banda había dejado las vías abiertas. Después del coche bomba, algunos de los puntos abordados en este documento han experimentado un desarrollo controvertido.