Además, al repentino coro de desmentidos se unió la constructora Sacyr para negar en un comunicado algo de lo que nadie le ha acusado, al menos públicamente: participar en la elaboración del dossier contra Francisco González.

La extrema gravedad de la denuncia de Conthe, los datos con los que la acompaña -indicó, por ejemplo, que Carlos Arenillas, vicepresidente de la CNMV, fue con coche oficial a recoger el dossier de la Oficina de Presidencia-, el hecho de que quien acusa no es un ciudadano más, sino alto cargo de la Administración hasta hace unos días, y la insatisfacción de la oposición ante el desmentido -«señor presidente, no lo creo», le llegó a decir ayer Rajoy a Zapatero-, aconsejan llevar el asunto al Congreso para su total esclarecimiento.

Si el Gobierno, como se encargó de decir ayer, no tiene nada que ocultar, debe aceptar que una comisión de investigación estudie el caso en sede parlamentaria. Y no sólo para disipar cualquier sospecha sobre su actuación. La imagen de la CNMV ha quedado tan deteriorada que se necesitan algo más que desmentidos para intentar recuperarla. Si su credibilidad ya venía muy tocada después de la tortuosa OPA sobre Endesa, en los últimos cuatro días ha quedado hecha añicos. A las manifestaciones de Conthe hay que añadir la destitución, ayer mismo, de uno de los directores generales, en lo que se interpreta como una represalia por su afinidad al dimisionario. Además, sólo un día después de la toma de posesión de Julio Segura como nuevo presidente de la CNMV, el Congreso ha exigido al Gobierno que cambie el sistema de nombramiento. ¿Cabe mayor desautorización? Por todo ello, queda claro que el asunto pone a prueba tanto la voluntad de transparencia del Gobierno como su interés por devolver el prestigio al organismo regulador.