La sentencia fija unas indemnizaciones a las víctimas que ascienden a 20.374.065 euros. Para la viuda e hijos de un fallecido, el tribunal ha concedido en torno a 49.000 euros; 150.000 se entregarán a los herederos de las cuatro víctimas mortales, y cantidades de 60.000, 90.000 y 120.000 irán a parar a diferentes grupos de afectados, que recibirán una mayor o menor compensación económica conforme sufran un grado de hepatitis más o menos grave.

Una de las instituciones que contraerá la responsabilidad civil subsidiaria del brote masivo es la Consejería de Sanidad, que no presentará recurso alguno y asumirá todas las indemnizaciones. En cambio, el abogado de la defensa, Francisco Davó, aseguró que sí acudirá al Tribunal Supremo al no compartir la decisión judicial, cuyo fallo fue resuelto por unanimidad entre el presidente de la Sala, José Andrés Escribano, y las dos magistradas, Carmen Llombart y Carolina Rius.

La sentencia fue leída en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia de Valencia sobre las 09.45 horas. La masiva presencia de público se hallaba repartida entre un nutrido grupo de procuradores, abogados de la acusación, el letrado de la defensa y el fiscal, Javier Carceller, entre otros.

Larga sentencia

A su lado se encontraba la presidenta de la Asociación Española de Enfermos de Hepatitis C, Amparo González, que mostró su agrado al conocer el resultado de la sentencia. «Ha valido la pena la espera de nueve años desde que se conoció el brote», dijo, «y se ha demostrado que Juan Maeso era culpable y ha jugado con la vida de los afectados».

González recordó el dolor sufrido por las víctimas en los últimos años. También advirtió de que los enfermos «siguen viviendo con el virus, tienen que recibir unos tratamientos con efectos secundarios tremendos y seguir luchando por sobrevivir». Pese a todo, la máxima responsable de la asociación reconoció que la Justicia «funciona».

La sentencia reúne cerca de 300 folios y es la más larga en la historia de la jurisprudencia de la Comunidad Valenciana. En cuanto a los años de condena impuestos al procesado -quien no apareció en la lectura del fallo-, el presidente de la Sala destacó que el máximo cumplimiento de cárcel fijado por la ley es de 20 años.

El proceso fue abierto por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia en junio de 1998 ante la aparición de un brote de hepatitis C -el «mayor conocido a nivel mundial», según la sentencia- a pacientes intervenidos por Maeso en el hospital público La Fe y los privados Clínica Quirón, Virgen del Consuelo y Casa de Salud, todos en Valencia. Los contagios se habían producido entre 1988 y 1998.

Ahora, los magistrados han decidido condenar al anestesista sin que pueda ejercer la profesión -han dictado contra Maeso una inhabilitación especial de 1.941 años- al existir «abundante prueba» de que el procesado fue la única razón del contagio. Respecto a los afectados, «lo único que comparten es la figura del anestesista», ya que, según establecieron los jueces, «el procesado es portador» del mismo virus «que el presentado por los contagiados».

Parte de las 275 víctimas del doctor Maeso se reunieron ayer en Valencia para conocer el fallo judicial. Después de que se leyera la sentencia, todos ellos reconocieron que se había «hecho justicia».

La viuda de Vicente Chaves, Ana María Toril, quedó «contenta», aunque al final tuvo que ser atendida por el Servicio de Atención Médica Urgente tras sufrir una crisis. La mujer recordaba la figura de su marido, fallecido el mismo día que comenzó el juicio, mientras se encontraba semiinconsciente.

Ana María lamentó que la alegría por la indemnización que recibirá no la ayudará a «recuperar» a Vicente. Aseguró querer verse con Maeso para que el condenado le aclare algún día «por qué lo hizo». Tal y como siempre oyó de su difunto esposo, la viuda optó por «escuchar a los demás».

Carmen Bonafé, contagiada por Maeso, se quejó del «rechazo social» sufrido durante los últimos años, circunstancia que ha sido «la más dura» para la afectada. «Antes estaba bien y ahora no salgo de los hospitales. Esto no se lo deseo a nadie», lamentó.

Otro de los perjudicados por el facultativo dijo que Maeso ha de «pagar también allá arriba [en el cielo]». «No hay derecho a lo que nos ha hecho pasar», dijo.

Vicente Valls, infectado también por el anestesista, se mostró «contento» visto el resultado de la sentencia. En un principio, cuando este hombre se enteró de que padecía la enfermedad intentó que la nueva situación no le afectara «a la cabeza», y se centró en la difícil convivencia con la hepatitis C, de la que aseguró que lo que hay que hacer es «ser muy positivo».

El anestesista Juan Maeso ha sido condenado a 1.933 años de prisión por contagiar la hepatitis C a 275 personas entre 1988 y 1998.

El procesado, de 62 años, estará un máximo de 20 en prisión y tendrá que pagar a los afectados un total de 20.374.065 euros.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana será responsable civil subsidiaria «de todas las indemnizaciones».

Desde el inicio del proceso han muerto 23 afectados, aunque sólo cuatro lo han hecho como consecuencia directa de la enfermedad.

La sentencia dicta contra el condenado una inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión médica de 1.941 años.

El tribunal señala a Maeso como el responsable inequívoco del «mayor brote conocido a nivel mundial» de la enfermedad.