La vicepresidenta De la Vega eludió confirmar la autenticidad de lo publicado por Gara con el pretexto de que el Gobierno nunca comenta informaciones que provienen de un partido ilegalizado. Pero oficiosamente fuentes de Moncloa admitieron que esas reuniones se produjeron, aunque a título personal de Jesús Eguiguren, que habría actuado sin representar al PSOE.

Ello es muy poco verosímil porque, como Gara refeja en una minuciosa cronología, las conversaciones entre Otegi y Eguiguren tenían contenido político y hablaban sobre asuntos como la creación de una mesa de partidos. Es evidente que Eguiguren no podía hablar de estas cuestiones a título personal sino como representante del PSOE y con el consentimiento de Zapatero. Eguiguren era secretario de Relaciones Institucionales y ahora es presidente del PSE, lo que descarta que alguien pudiera pensar que no mantenía esos contactos en nombre del partido.

Si Zapatero quiere dejar patente que él no estaba informado y que esas reuniones eran una iniciativa de Eguiguren, como también sostiene su entorno, lo tiene muy fácil: basta que le pida hoy públicamente la dimisión de todos sus cargos. No lo va a hacer, porque todo indica que el presidente tenía conocimiento de esos contactos y los utilizaba para su estrategia política. Es de puro sentido común.

Lo que evidencian esas reuniones es que Zapatero y el PSOE practicaban un doble juego en los cuatro años en los que consensuaban con el PP la política antiterrorista. Mientras los socialistas negociaban con Aznar el Pacto Antiterrorista en diciembre de 2000 y la Ley de Partidos en el verano de 2002 y mientras el Supremo ilegalizaba Batasuna en marzo de 2003, Eguiguren mantenía reuniones con la formación de Otegi en las que se discutía un nuevo marco jurídico y político para el País Vasco.

El Pacto Antiterrorista no prohibía expresamente reunirse con Batasuna, pero indicaba en su prólogo que los firmantes no podían tener contactos políticos con el PNV hasta rompiera el Pacto de Lizarra, entonces vigente. Es evidente que el PP no podía ni siquiera imaginarse que el PSOE, que se obligaba en el punto noveno del Pacto a «intercambiar información» y a mantener «posiciones conjuntas», iba a reunirse en secreto con el brazo político de ETA. Y menos después de su ilegalización. Los hechos evidencian que el PSOE vulneró el espíritu y la letra del Pacto Antiterrorista y que ha cometido una gran deslealtad con el PP, al que apoyaba públicamente en su política de firmeza frente a ETA mientras negociaba entre bastidores con Batasuna. Un doble juego que dice muy poco del sentido de la ética y de la coherencia del partido de Zapatero.