El abogado de Rafá Zouhier, Antonio Alberca, preguntó a los dos peritos de la Policía, un hombre y una mujer, qué importancia había tenido en su informe que el explosivo supuestamente empleado, Goma 2 ECO, no fuera el habitual de la banda. «Es importante, pero no lo más importante», comenzó diciendo la perito, y añadió: «Hay muchas razones que pueden incidir en descartar totalmente la participación de ETA».

El abogado insistió. «¿Y si finalmente se determinase que se ha empleado Titadyn, se podría determinar que ha tenido algún tipo de incidencia ETA?». La perito intentó eludir la pregunta, pero el presidente del tribunal, consciente de que se estaba reproduciendo el escenario con el que probablemente se encontrarán para dictar sentencia, insistió en que respondiera. «¿Cuál sería el peso que tendría ese dato sobre la conclusión final del informe, si el explosivo fuese otro?», le inquirió Javier Gómez Bermúdez. Las dos respuestas fueron «siguen existiendo muchos datos» y «yo creo que mínimo».

El magistrado volvió sobre el asunto antes de dar por concluido el interrogatorio. «¿Por qué dice usted que el peso es mínimo sobre las conclusiones del informe?». «Pues porque hay otra serie de argumentos muy contundentes», fue la respuesta.

Esos argumentos llevaron a los peritos a descartar «totalmente» las relaciones entre etarras e islamistas. Entre esos técnicos estaba José Cabanillas, al que el ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera señala como la persona que manipuló una primera versión del informe que sí detectaba esos vínculos y sugería vías de investigación.

Los expertos encadenaron varias frases rotundas que arrancaban con el no: «No existe ni un solo dato objetivo que vincule a ETA con el 11-M»; «no hay ni un sólo informe en la Comisaría General de Información que vincule a ETA con el 11-M y la Comisaría General de Información no elabora informes basados en elucubraciones»; «no hubo presiones, nos pidieron que hiciéramos un informe de la manera más meticulosa y escrupulosa posible».

La fórmula de la cloratita es uno de esos «datos objetivos» que pudo ser y, finalmente, no fue. Según lo explicó el propio Cabanillas, el islamista en prisión Abdelkrim Bensmail, relacionado con el suicida Allekema Lamari, no llegó a tener la fórmula del explosivo habitual de ETA. Tenía anotado el clorato potásico, tenía el azufre, pero no el azúcar. Ese dato le sirvió a Cabanillas para afirmar hace unos días ante el tribunal que el islamista no disponía de la fórmula. Fuentes de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M explicaron ayer que estudian acusar al comisario de un presunto delito de falso testimonio.

En una jornada centrada en los indicios sobre la posible intervención de ETA, el letrado Andreas Chalaris, defensor de Rachid Aglif, sacó a la luz la aparición de documentos relativos a la banda entre los escombros de Leganés. Pertenecían a un policía experto en seguimientos que vivía pared con pared con los terroristas. Según Cabanillas, sí constan en el sumario los documentos que se encontraron y que se le devolvieron.

Durante la sesión de la mañana intervinieron dos miembros de los Tedax que compararon el uso de los móviles en la mochilas bomba con tres atentados en los que ETA también había empleado teléfonos. Resaltaron que existía una gran diferencia: ETA los había empleado para fijar la hora de la explosión, pero no para que la propia batería del teléfono sirviera para detonar el artefacto, como en el 11-M. Preguntados por la defensa de Jamal Zougam, los tedax indicaron que la comparativa la habían hecho con el sistema encontrado en la mochila de Vallecas, y que no disponían de datos de ninguno de los 12 artefactos que sí estallaron.

También señalaron que no tenían noticia de que en un piso en el que se había alojado El Egipcio, y donde residía un imputado en los atentados, se encontró un teléfono del mismo tipo que el habitual de ETA, manipulado de manera similar a los del 11-M.