En la madrugada de ayer Shaer, un respetado profesor de Asuntos Religiosos formado en la Universidad de Manchester y ex decano de Nablus, fue despertado por un comando de soldados israelíes que aseguraron «tener órdenes» de capturarle. Junto a él, los soldados se llevaron a tres decenas de representantes locales, entre ellos los alcaldes de Nablus, Qalquilia, Beita, El Bire y Bidia, tres legisladores y el ex ministro Abdel Rahman Zeidan.

«Arrestar es mejor que disparar», se justificó el ministro de Defensa Amir Peretz. «Los arrestos de esos líderes de Hamas envían un mensaje a las organizaciones palestinas para que dejen de disparar cohetes». El uso del verbo arrestar es cuestionable, ya que no hay ningún cargo contra los capturados y ni siquiera estaban en territorio israelí cuando fueron capturados, sino que los militares asaltaron sus ciudades -ya de por sí ocupadas- para llevárselos.

De ahí que el nuevo enviado de la ONU para Oriente Próximo expresara ayer su «preocupación» por estos hechos. «Por supuesto que los legisladores no pueden ser inmunes a la ley, pero me preocupa que, en la mayor parte de los casos, no hay cargos, sólo juicios», aclaró Michael Williams a la agencia Reuters.

El Gobierno francés condenó «de la manera más clara» las capturas y exigió a Tel Aviv «su liberación inmediata». El Ejecutivo palestino fue más allá solicitando una enérgica actuación internacional. «Pedimos a la UE, a la ONU y las organizaciones internacionales que impongan sanciones a Israel porque viola la ley internacional», solicitó el portavoz del Ejecutivo Ghazi Hamad, quien calificó las operaciones contra sus responsables de «acto bárbaro» destinado a empujar «a la región a otra ronda de violencia».

El ministro de Información, Mustafa Barguti, calificó las capturas de «asesinato de la democracia» y acusó a Israel de tratar de destruir a la Autoridad Palestina y, sobre todo, la coalición de Gobierno «que representa al 96% de la población». El presidente Abú Mazen, que ayer se reunió con el enviado europeo Javier Solana, afirmó que esta operación supone un «duro golpe» contra sus esfuerzos de paz.

No sólo contra eso. Con estas capturas, el Gobierno de Olmert refuerza la presión contra el Ejecutivo palestino, al límite de su supervivencia gracias al boicot, el congelamiento del pago de las tasas aduaneras que Israel recaba en su nombre (vitales para las arcas de la Autoridad Palestina), la violencia interna y la ocupación.

Los arrestos ilegales de ayer se suman a los del verano: el 29 de junio, cuatro días después de la captura del soldado israelí Guilad Shalit en las proximidades de Gaza, el Ejército hebreo capturaba a ocho ministros y 20 diputados de Hamas en Cisjordania en una sola jornada.

Fue el inicio de varias operaciones contra cargos del Movimiento Islámico que afectaron, entre otros, al propio Shaer, a los responsables de Trabajo, Asuntos Religiosos, Jerusalén y Prisioneros y al presidente del Parlamento, Abdel Aziz Duwik.

En total 41 de los 74 legisladores islamistas -un tercio del Parlamento palestino- ha sido capturado en los últimos seis meses, dejando en minoría a Hamas -vencedor en los comicios- e incluso sin la mayoría simple necesaria para aprobar leyes. Se suponía que el objetivo era forzar a Hamas a liberar a Shalit a cambio de sus líderes, pero en la práctica lo único que Israel logró fue paralizar el Consejo Legislativo palestino, que no tiene quórum necesario para sacar adelante ninguna ley.

En esta ocasión, podría ocurrir lo mismo: lejos de parar el lanzamiento de cohetes Qasam, el brazo armado de Hamas anunció ayer: «Nuestros ataques continuarán, hemos dado vía libre a nuestros comandos para golpear al enemigo en todos sitios». De poco sirvió el llamamiento de Abú Mazen, que viajó a la Franja para negociar con su primer ministro Haniya un eventual alto el fuego e instó a las facciones a cesar el «absurdo» ataque de cohetes. «No los necesitamos. Debemos parar para obtener una tregua con Israel en Gaza y Cisjordania».

Ayer cayeron otros tres Qasam en Sderot sin provocar daños, mientras la aviación israelí bombardeó, entre otros objetivos, un cuartel de la Seguridad de Hamas, dos oficinas de cambio de divisas a las que acusó de transferir fondos a los islamistas y varios talleres supuestamente dedicados al montaje de armas, en los que resultaron heridas siete personas, entre ellos un adolescente y una embarazada. Un granjero murió en los ataques aéreos, elevando a 38 el número de víctimas desde la intervención israelí, el pasado día 16.