Pocas metáforas mejores para la decadencia en que se halla sumido el ciclismo en los últimos años que el descarnado contraste entre el nulo interés que despierta la edición de este año del Giro fuera de Italia y la expectación generada por la confesión pública de Bjarne Riis, el danés que destronó a Indurain en el Tour de 1996. Ayer, mientras la hazaña del veterano Bruseghin en la cronoescalada de Oropa ocupaba apenas unos segundos en los telediarios, la voz de Riis admitiendo que se dopó entre 1993 y 1998 -«la EPO era mi vida diaria»- abría las portadas en todo el mundo.
El danés afirmó que la suya fue una decisión personal y no quiso involucrar en ella a los médicos de su escuadra de entonces, el Telekom, pese a que seis de sus miembros ya han confesado. El más esperado, Jan Ullrich, segundo en aquel Tour del 96, aún no lo ha hecho pese a que se ciernen sobre él todas las sospechas. Si se decide a hacerlo, quedará acreditado que los tres ciclistas que subieron entonces al podio -Riis, Ullrich y Virenque- corrieron bajo los efectos de sustancias prohibidas.
Si algo ha dejado claro la confesión de Riis es lo que ya era un secreto a voces: que la EPO corría a raudales en el pelotón a mediados de los años 90, un tiempo en el que su consumo quedaba impune porque los controles no podían detectarla. En este sentido, adquiere un gran valor la entrevista que hoy publicamos con Miguel Indurain, que también corría en aquellos años y al que el dopado Riis impidió ganar el sexto Tour de su carrera. El campeón español asegura que nunca le ofrecieron doparse y aboga por unificar los procedimientos para asegurar la limpieza en este deporte.
Lo cierto es que la lucha contra el dopaje se halla atascada en una inextricable maraña legislativa donde se mezclan las competencias y las responsabilidades. La Unión Ciclista Internacional establece el marco de las sanciones, pero son las federaciones las encargadas de aplicarlas y, por si esto fuera poco, las grandes carreras tienen sus propias normas. En cuanto a la Justicia ordinaria, sólo España, Francia e Italia prevén sanciones penales contra el dopaje y ni siquiera se ponen de acuerdo pues mientras aquí se ha archivado la operación Puerto, sus secuelas siguen abiertas más allá de los Pirineos. Alguien -es decir la UCI- debería poner orden cuanto antes en este galimatías dejando claro dónde están los límites del dopaje y cuáles son las sanciones que deben afrontar los tramposos. Y mientras tanto, todos deberíamos reflexionar sobre si azuzar el revisionismo de la historia reciente del ciclismo es la mejor manera de reflotar un deporte que hoy se halla en estado comatoso.
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