Nuevo episodio en el asalto al poder de la primera compañía eléctrica de España. El Gobierno confirma oficialmente que dos miembros de la Guardia Civil siguieron al presidente de Endesa, Manuel Pizarro, al menos, el pasado 20 de febrero, pero no aclara por qué, cuando ya han pasado tres meses.
En aquella fecha se reunieron en Ibiza el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su homólogo italiano, Romano Prodi, y ésa fue la semana clave en la que el grupo Enel preparó su entrada en la eléctrica. Siete días después del seguimiento a Pizarro, el ministro de Industria, Joan Clos, desveló que el grupo alemán E.ON podía perder la batalla.
El Ministerio de la Presidencia sostiene en un documento oficial que «los dos miembros de la Guardia Civil involucrados no se encontraban en el ejercicio de sus funciones ni desarrollaban cometidos propios de la Institución, ya que uno de ellos estaba de baja médica y, el otro, franco de servicio».
Así se expresa la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio en su respuesta parlamentaria al diputado del Partido Popular, Ignacio Gil Lázaro. En el texto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el Gobierno asegura que «en la actualidad, a efectos del esclarecimiento de los hechos y depuración de responsabilidades disciplinarias del personal implicado, la Comandancia de la Guardia Civil instruye la información».
Pero no da más detalles, porque subraya que la investigación tiene carácter reservado al amparo del artículo 32.2 de la Ley Orgánica 11/1991 del Régimen Disciplinario de la Guardia.
Por tanto, el Gobierno no dice si ha llegado ya a alguna conclusión de para quién trabajaban los dos guardias civiles y, tres meses después, no ha tomado ninguna medida disciplinaria contra ellos. La respuesta del Gobierno está fechada el pasado 16 de mayo. Es decir, en plena polémica tras las acusaciones del dimitido presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, a la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno de entregar un dossier contra el responsable del BBVA, Francisco González.
Tanto González como Pizarro han sido calificados por el propio presidente del Gobierno de «amigos del PP». En los últimos debates parlamentarios, Zapatero ha llegado a reprochar al líder del PP, Mariano Rajoy, «por defender los intereses del presidente de Endesa». La hostilidad gubernamental a Pizarro es manifiesta, aunque el Gobierno insiste que no ha sometido a Pizarro a espionaje.
Denuncia «sobreseída»
Los hechos se produjeron el pasado 20 de febrero cuando Pizarro y su jefe de seguridad, Juan Ramón Fesser, advirtieron a su llegada a la sede de Endesa junto al parque Juan Carlos I de Madrid que estaban siendo seguidos por un vehículo utilitario. Fesser y un ayudante procedieron después en el vehículo del presidente a dirigirse hacia la sede de la Bolsa de Madrid y detectaron el mismo vehículo sospechoso. Avisaron a la Policía Nacional que identificó a los perseguidores como el sargento primero de la Guardia Civil, Antonio García Martín, y el cabo Javier Fernández Gallego. Endesa interpuso al día siguiente una denuncia contra ambos sin que haya vuelto a tener noticia. No obstante, el pasado 17 de abril, el citado diputado del PP presentó una pregunta parlamentaria al respecto. En su respuesta a Gil Lázaro, el Ejecutivo revela que aquella denuncia de Endesa fue «sobreseída por el titular del Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid». Fuentes de Endesa aseguraron ayer que desconocían que se hubiera producido tal desenlace en la denuncia. No obstante, el Gobierno asegura que intenta averiguar lo sucedido.
Pizarro ha sospechado en reiteradas ocasiones que estaba siendo vigilado, puesto que los grupos interesados en quedarse con Endesa le acusaban de reunirse en secreto con el grupo alemán E.ON para pasarles la información privilegiada necesaria como para poder forjar una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) triunfadora. En el propio Gobierno se ha acusado también a Pizarro de conspirar en ese sentido.
El pasado 20 de febrero parecía que Endesa iba a quedar en manos de E.ON, porque era el único competidor que quedaba en liza tras la retirada de Gas Natural, la constructora española Acciona, no había lanzado contraopa ni parecía poder reunir socios suficientes para imponerse en la batalla. Sin embargo, cuatro días antes de la vigilancia detectada a Pizarro, el consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, se había reunido con el director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, David Taguas, y también con Clos.
Todo cambió después y Enel, con autorización gubernamental, cerró un pacto con Acciona que dejó a E.ON fuera de juego. El grupo alemán terminó pactando y entregando Endesa a la alianza hispano italiana a cambio de Viesgo, la filial de Enel en España, y otros activos.
La tercera maniobra extraña en Endesa
C. S.
El seguimiento a Pizarro por parte de guardias civiles es la tercera maniobra extraña conocida que se produce en torno a Endesa desde el 5 de septiembre de 2004 en que comenzó la batalla por el control de la eléctrica.
La primera denuncia se produjo el 14 de septiembre, poco después de que Gas Natural anunciara su OPA sobre Endesa. Los sospechosos de vigilar la sede de Endesa resultaron ser de la agencia catalana de detectives Winterman, que ha trabajado para compañías y abogados ligados a Gas Natural. Pero el director de Winterman, José María Vilamajó, negó entonces que su labor de seguimiento tuviera que ver con la operación de la gasista, sino con una persona que había entrado ese día en la sede de Endesa.
La segunda maniobra se produjo a primera hora de la mañana del 11 de mayo de 2006. Unos ladrones con domicilio en Leganés lograron entrar en la sede de la eléctrica en Madrid. La Policía creyó después que eran delincuentes comunes en busca de ordenadores, pero en vez de ir a por los de la primera planta, fueron a la quinta, a por el del jefe de gabinete de Pizarro y a los encargados de auditoría de la empresa. Los ladrones fueron descubiertos y abandonaron los ordenadores. La Policía se los llevó para investigar si habían dejado explosivos, pero no ha aclarado qué unidad se encargó de analizarlos.
La dirección de Endesa no pudo nunca saber si esos ordenadores estuvieron en manos de la brigada de delitos económicos -que no buscan explosivos, sino contenidos- o si los teóricos delincuentes comunes eran confidentes de la Policía. Aún no se ha esclarecido aquel episodio.
