ETA no pierde el hilo de su reconstrucción. La banda terrorista ha remitido en las últimas semanas una oleada de cartas de extorsión a ciudadanos vascos con el fin de mantener sus arcas saneadas.
El número de misivas es bastante elevado y la cantidad exigida en cada una de ellas supera los 120.000 euros. Las cartas están redactadas en un estilo distinto a las enviadas con anterioridad pero, en cualquier caso, todavía mantienen la argumentación empleada en las remitidas tras la tregua. No utilizan un lenguaje directamente amenazante, sino que piden la colaboración del extorsionado, recordándole que ETA es la única que ha dado pasos en el proceso de paz y solicitando su ayuda para conseguir los objetivos perseguidos por el pueblo vasco.
La organización retoma así una trayectoria de amenazas que no abandonó ni siquiera durante la vigencia de la tregua, pero que ahora pretende rentabilizar usando el persuasivo argumento del atentado perpetrado contra la T-4. No en vano, los responsables de la Consejería de Interior del Gobierno vasco y de la Ertzaintza se han reunido con los dirigentes de las tres organizaciones empresariales vascas incluidas en Confebask para advertirles de que no rebajen sus medidas de precaución.
En estos encuentros -aproximadamente cada 15 días en los últimos meses- también les han hecho llegar su preocupación por la situación actual que atraviesa la organización terrorista.
Lo han hecho, según las fuentes consultadas, únicamente con el fin de orientarles de manera genérica y sin que haya constancia de que, en estos momentos, alguna persona en concreto perteneciente al mundo financiero se encuentre amenazada.
La lectura pesimista realizada desde el Departamento de Interior vasco no es nueva. Sus responsables fueron los primeros en advertir a los policías autónomos en el mes de otoño, en plena tregua, de la posibilidad de que se produjese un atentado y les recomendaron ya entonces que extremasen sus medidas de precaución.
Los análisis que baraja el consejero Javier Balza -que ha tomado la decisión de reforzar el servicio de escoltas que está bajo su responsabilidad y que refuerzan unas medidas de precaución extendidas ya a varios ámbitos-, se basan, una vez más, en los datos que se desprenden de los documentos confiscados a la banda terrorista y la actitud que ésta ha ido adoptando públicamente.
No se trata únicamente del hecho de que el proceso se haya dado por roto públicamente sino de elementos como el reparto de vídeos por parte de la organización terrorista ETA entre sus simpatizantes, en los que les instruye sobre cómo asesinar a una persona de un tiro en la nuca o cómo fabricar artefactos explosivos.
Uno de esos vídeos didácticos le fue confiscado al comando Donosti en la operación en la que fue desarticulado hace un par de meses, y el último del que se tiene constancia fue detectado entre las bases abertzales en plena campaña electoral.
La banda terrorista no dejó de cobrar el mal llamado impuesto revolucionario ni siquiera durante la época de la tregua, y mucho menos está dispuesta ahora a suspender sus actividades de extorsión, a pesar de los contactos que sus dirigentes siguen manteniendo con enviados del Ejecutivo, reuniones que se reanudaron semanas después de la explosión del coche-bomba colocado en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas en la que fallecieron los ciudadanos ecuatorianos, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate.
Unos contactos que habrían tratado de garantizar, entre otras cosas, la ausencia de atentados y cuyos resultados, por el momento, no se vislumbran positivos.
Según fuentes del Ejecutivo, la organización terrorista ETA se comprometió de manera implícita en el comunicado de alto el fuego a suspender las acciones de terrorismo callejero y el chantaje económico hacia los empresarios. No ha hecho, sin embargo, ninguna de las dos cosas.
Varias operaciones policiales contra una parte del aparato de extorsión de la organización terrorista demostraron que algunas de las cartas recibidas por los empresarios habían sido remitidas posteriormente a la declaración de tregua, anunciada el 22 de marzo de 2006.
Ya desde el principio, se interceptaron recibos en Francia que correspondían al cobro de uno de los plazos de la cantidad exigida a un empresario y que estaban fechados en el mes de junio. Los terroristas se desplazaron incluso a las sedes empresariales de los extorsionados para fijar personalmente sus condiciones.
En las últimas semanas, una vez más, la banda terrorista ha optado por enviar oleadas de cartas amenazantes que contribuyan a garantizar la supervivencia económica de su estructura.