A la misma hora en la que el presidente Zapatero se preguntaba ayer retóricamente en el Senado qué puntos de su política anterrorista podía «rectificar», la ambulancia que transportaba al etarra De Juana salía rumbo a la prisión de Aranjuez, donde cumplía condena antes de su huelga de hambre. Es la prueba irrefutable de que el anuncio de ETA empezaba a tener consecuencias y la metáfora del camino de retorno que -diga lo que diga- ya ha emprendido el Gobierno.
En realidad, lo que prueba el contraste entre el discurso a la defensiva en el Senado y el regreso a la cárcel del terrorista es que el Ejecutivo ya ha empezado a rectificar, por más que a su presidente le cueste reconocerlo en público. Decíamos ayer que Zapatero tan sólo tenía dos alternativas: recuperar el consenso con el PP o convocar elecciones anticipadas. Descartada ayer en rueda de prensa la segunda opción, al presidente sólo le queda la primera, que desde luego es la mejor para la estabilidad democrática y la preferida por la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Así las cosas, si Zapatero suma nuevos gestos al camino iniciado ayer, Mariano Rajoy debe mostrarse generoso y ayudar a forjar de nuevo el consenso. No se trata tanto de que olvide y perdone los muchos errores que ha cometido el presidente sino de que piense en el bien común y aplace hasta las elecciones el momento para pedirle cuentas por ellos. Ahora bien, para que eso suceda es imprescindible que ni Zapatero ni su entorno apunten contra el PP como si éste fuera el responsable de la deriva que ha presidido en estos años la política antiterrorista. Especialmente falaz es el victimismo con el que ayer quiso presentarse Zapatero al decir que es «la primera vez que ante la ruptura de un alto el fuego la oposición sale criticando más al Gobierno que a cualquier otra cosa». Es cierto, cabe decirle, pero también lo es que nunca antes el Ejecutivo había cedido al chantaje de un asesino, nunca antes la Fiscalía había actuado como defensor de Otegi, nunca antes se había elevado a una organización ilegal al status de interlocutor político y nunca antes se había dialogado con ETA sin el consenso de la oposición.
A la vista de que esos gestos no han servido de nada, no se trata de que el presidente se flagele ante las cámaras, pero sí de que rectifique por la vía de los hechos. En este sentido, el traslado de De Juana a Aranjuez es muy positivo y lo son también los indicios de que los socialistas dejarán gobernar en minoría a UPN en Navarra, donde la perspectiva de perder el poder ha obrado el milagro de ver a Miguel Sanz profiriendo elogios a Zapatero.
En cualquier caso, ni De Juana ni Navarra son suficientes para que la nueva política antiterrorista sea creíble, pues tanto en un caso como en otro el Gobierno actúa guiado por su propia supervivencia. Si lo que quiere Zapatero es apostar de verdad por el consenso y la derrota de ETA, debe dar un giro radical a la política penal del Ejecutivo instando la ilegalización de ANV y del PCTV, destituyendo a Cándido Conde-Pumpido y consensuando con el PP el nombramiento de un nuevo fiscal general que actúe con dureza contra el entorno proetarra. He aquí el baremo por el que el próximo lunes debe medir Mariano Rajoy en su visita a La Moncloa su voluntad de consenso. El mismo baremo por el que le medirán en las urnas los ciudadanos.
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