La vía que sugiere Rajoy es que la Fiscalía y la abogacía del Estado insten la ilegalización de ANV como partido, en ejecución de la sentencia de 2003 que ponía fuera de la ley a Batasuna. El argumento que sostiene el PP es que ANV es una continuadora de la actividad de Batasuna, lo cual es bastante evidente.

Si antes de las elecciones municipales podía existir alguna duda sobre ello, ahora ya no cabe ninguna. Tras su éxito electoral, el propio Otegi se jactó públicamente de que los votos de ANV eran de Batasuna, mientras que ETA en su comunicado interpretaba esos sufragios nada menos que como un aval para volver a asesinar. Ninguno de los dirigentes de ANV se ha desmarcado de estos posicionamientos ni ha condenado que la banda rompa su tregua.

Hay, por tanto, motivos para que el Gobierno solicite la ilegalización de ANV, que podría ir acompañada de una petición de suspensión cautelar de la proclamación de los concejales y junteros de este partido.

Puesto que algunos cargos electos de ANV han sido ya proclamados en los dos últimos días, el Gobierno podría también plantear paralelamente un recurso contencioso ante la Junta Electoral contra esa proclamación, que, si se consuma, prácticamente hace imposible privar al electo de su condición de diputado o concejal, según la jurisprudencia del Constitucional.

El asunto es complejo pero no imposible de abordar. Lo único que requiere es urgencia, de suerte que hoy mismo la Fiscalía y la abogacía del Estado deberían plantear al Supremo la ilegalización de ANV con la petición de suspensión cautelar de la proclamación.

El Gobierno dispone de informes jurídicos que concluyen que no es posible paralizar la proclamación y que, por tanto, no hay forma legal de evitar que los concejales de ANV tomen posesión de sus cargos dentro de pocos días. Pero el asunto es ciertamente controvertido porque, entre otras razones, existe un vacío legal sobre esta cuestión. Plantear esas acciones ante el Supremo es una cuestión de voluntad política. Otra cosa es lo que decidan los magistrados del Alto Tribunal.

Si Zapatero quiere enmendar su política antiterrorista y demostrar que quiere derrotar a ETA, sería un gran gesto poner en marcha las acciones legales para que el Supremo ilegalizara ANV.

Puede incluso que la resolución del Alto Tribunal fuera contraria a evitar la toma de posesión de los concejales de ANV, pero muy probablemente sí dictaría la ilegalización de este mascarón de proa de ETA-Batasuna. En cualquier caso, merece la pena agotar todas las vías legales para intentar que no se consume el despropósito de que el brazo político de una banda terrorista pueda tener representación municipal con todos los beneficios que ello conlleva. Es la única manera de que el Gobierno nos convenza de que hizo cuanto cabía en la ley para evitarlo.