Zapatero explicaba en la entrevista televisiva de anteanoche que la decisión del Gobierno de enviar a De Juana a la prisión de Aranjuez se debe a «la circunstancia». No hay duda de que «la circunstancia» es distinta y, tal vez por eso, el fiscal mantuvo en la vista celebrada anteayer en el Supremo contra Otegi una actitud opuesta a la de su colega de la Audiencia Nacional cuando pidió su absolución por un delito idéntico hace pocas semanas o cuando hace apenas unos días se opuso a la reapertura contra él de una causa parecida.
Gracias a que en esta ocasión la Fiscalía sí ha cumplido con su obligación, el Supremo ha podido confirmar la condena de 15 meses de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional al considerar que el líder de Batasuna participó activamente en un homenaje al sanguinario etarra Argala en 2003.
Como consecuencia de esta sentencia, Otegi ingresó ayer en la prisión de Martutene por orden de la Audiencia Nacional, que esta vez se coordinó con el Supremo para detener al líder de Batasuna sin darle la oportunidad de montar un escándalo o de poner en evidencia a la Justicia, como hizo cuando obligó a las Fuerzas de Seguridad a capturarle tras eludir su obligación de sentarse en el banquillo.
Aunque el Constitucional podría decretar su libertad si acepta a trámite su recurso de amparo, Otegi ha vuelto por cuarta vez a la cárcel. Y tiene pendientes tres sumarios, uno de ellos, ese reabierto por el juez Marlaska por otro delito de enaltecimiento en el funeral de un etarra.
La pregunta que cabe formularse es si la Justicia habría tomado estas decisiones contra Otegi en una «circunstancia» distinta, o sea, si ETA no hubiera anunciado la ruptura de su tregua.
No estamos, por supuesto, criticando que Otegi haya sido condenado y enviado a prisión sino poniendo de relieve el contraste de estas recientes resoluciones judiciales con la permisividad mostrada por la Fiscalía, que en lugar de acusar al líder de Batasuna parecía su abogado defensor hasta hace cuatro días.
La actitud del Gobierno y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, han permitido actuar a Batasuna como si fuera un partido legal, de suerte que esta formación ha podido celebrar sus reuniones, dar ruedas de prensa y organizar actividades públicas sin ningún tipo de molestia.
Sin ir más lejos, Pernando Barrena, portavoz de Batasuna, calificó ayer el arresto de Otegi como un hecho de la «máxima gravedad» por afectar a «un interlocutor principal de la izquierda abertzale». Barrena aseguró que el Gobierno «está ofertando barra libre a la represión» y auguró «una espiral de acción-reacción», lo cual sólo puede ser interpretado como una grave amenaza.
Hora es ya de que la Fiscalía comience a actuar contra el brazo político de ETA, que ha gozado de una impunidad escandalosa en estos últimos dos años, lo que le ha permitido volver a hacerse con el control de la calle y obtener unas elevadas dosis de protagonismo. Si de verdad quiere derrotar a ETA, Zapatero debe comenzar por hacer sentir el peso de la ley a la cara visible de la organización terrorista.
