Nada que objetar, pues, sobre el espíritu del proyecto: el Ejecutivo debe velar por sacar el máximo partido a un dinero que -recordemos- no es del Estado sino de los millones de trabajadores que cotizan mensualmente a la Seguridad Social. Las formas, sin embargo, son muy discutibles. El proyecto se ha consensuado con sindicatos y empresarios, pero no con la oposición. En este caso, el Gobierno no puede ni siquiera refugiarse en el mantra habitual de que el PP rehuye los acuerdos, puesto que hace unos meses ambos pactaron la Ley de OPA y los populares siempre se han mostrado dispuestos al consenso en los temas económicos. Una prueba más de que el Ejecutivo no ha buscado el acuerdo es que ni siquiera ha reunido la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, el organismo donde se deben tratar estos asuntos.

Al margen de la exclusión del PP -que aún se puede subsanar durante la tramitación de la ley en el Congreso-, hay muchos interrogantes que el texto final debe contestar. El proyecto asegura que el dinero se invertirá con criterios de responsabilidad social, económica y ambiental pero, ¿quién establecerá esos criterios? ¿Habrá un baremo público que los fije? ¿Cómo evitar que se dé la siniestra paradoja de que el dinero de un trabajador termine en manos de un tiburón financiero que compre su empresa y lo deje sin empleo? ¿Con qué criterios se adjudicará la gestión de esos fondos? ¿De qué manera se minimizarán los riesgos? ¿Cómo evitar la corrupción cuando está en juego semejante volumen de negocio? El texto final de la ley deberá clarificar estas y otras incógnitas, cuya importancia exige el concurso del PP. Al fin y al cabo, se trata del dinero de todos los españoles.