Lo que el presidente logró de sus interlocutores es un compromiso genérico de todos los partidos democráticos de apoyar al Gobierno en su lucha contra ETA y mostrarse unidos cuando se produzca el primer atentado de la banda. Zapatero es consciente de que sería un desastre, dañino para sus intereses electorales pero sobre todo para la moral colectiva, el penoso espectáculo de un cruce de descalificaciones dialécticas entre las fuerzas políticas tras un asesinato de ETA.

Sin embargo, no habrá un acuerdo por escrito con medidas concretas de política antiterrorista, ya que es evidente que partidos como ERC y PNV jamás secundarían algunas de las propuestas defendidas por Rajoy. Así lo reconoció implícitamente Zapatero cuando afirmó que «será en otro momento en el que podamos construir otro escenario».

El presidente subrayó que es «muy bueno» que todos los partidos se unan para combatir con «determinación y firmeza» contra ETA, aunque sus palabras parecen demasiado optimistas a juzgar por las ambiguas declaraciones de los representantes de los partidos nacionalistas. Josu Erkoreka, el portavoz del PNV, pidió a Zapatero que «no revoque» la resolución aprobada por el Congreso que permite negociar con ETA. Los nacionalistas son partidarios de no cerrar esa puerta pese a que la banda ha anunciado la ruptura de la tregua.

Bien está que, al menos, los partidos con representación parlamentaria se pongan de acuerdo en repudiar el terrorismo, pero ello va a servir de muy poco si no se adoptan iniciativas concretas como las que propone el PP.

ETA se habría sentido mucho más amenazada si el Gobierno y el partido que lidera Rajoy hubieran decidido relanzar con una batería de medidas el Pacto Antiterrorista, suscrito en diciembre de 2000. Pero Zapatero siempre se ha negado a potenciar aquel acuerdo y ha preferido mantenerse en esa vaga idea de consenso de todos los grupos parlamentarios.

El problema de este consenso entre partidos tan heterogéneos -y hay que volver a insistir en ello- es que hace virtualmente imposible la adopción de una política para derrotar a ETA, que no pasa por una nueva oferta de diálogo, como quiere el PNV, sino por un combate implacable en todos los frentes.

Lo primero que debería hacer el Gobierno es instar ante el Supremo la ilegalización de ANV, pero ello suscitaría la oposición de esos partidos nacionalistas que condenan el uso de la violencia pero que, en la práctica, no quieren hacer nada para acabar con la banda terrorista.

El tiempo pondrá en evidencia que este acuerdo de mínimos será inútil si el Gobierno no da el paso de utilizar todos los recursos que permite la ley para poner contra las cuerdas a ETA y sus apéndices políticos.