No se trataba de un presidente cualquiera, sino de uno de los grandes vencedores de las elecciones del 27-M y uno de los políticos más mimados por Mariano Rajoy. Tampoco se trataba de un Estatuto cualquiera, sino del que más esfuerzos suscitó a la dirección nacional del partido, tanto para pactar su texto con el PSOE como para sofocar las reticencias internas sobre su articulado y las dudas sobre la conveniencia misma de apoyarlo.

La noticia, además, llegaba siete meses después de que el propio Camps, en rueda de prensa conjunta con Javier Arenas, se declarara «muy satisfecho» con el trabajo que realizó el PP andaluz en la reforma del texto autonómico porque, al igual que el realizado en el Estatuto valenciano, demostró capacidad de modificar el texto hasta lograr el consenso y de hacerlo «plenamente constitucional».

En aquella ocasión, según informaba Efe el 28 de noviembre, Camps añadió que el hecho de que otros estatutos estén recurridos ante el Constitucional -en alusión al texto catalán- es la prueba de que cuando el PP tiene posibilidad de aportar sus criterios en el texto es cuando en éste se respeta la «lealtad» a España y la constitucionalidad de sus artículos.

Fuentes autorizadas de la dirección nacional del PP admitieron a este diario haber conocido la noticia por teletipos, aunque enseguida, eso sí, reaccionaron con pragmatismo político y rebajaron en lo posible su trascendencia.

«Se trata de una cuestión menor, puramente técnica», decían, «que no atañe a la definición de la comunidad autónoma sino a la financiación». El siguiente argumento de Génova, mucho más recurrente en el discurso popular, fue el de responsabilizar del desaguisado al propio Rodríguez Zapatero, último responsable de abrir el melón de las reformas estatutarias.

«El partido ni entra ni sale en este conflicto, que es entre gobiernos autonómicos, de carácter competencial como los que, en su mayor número, están protagonizando los de signo socialista ante el Alto Tribunal».

Sin embargo, la lista de conflictos amenaza con extenderse entre los populares. Según pudo saber este diario, a iniciativa de Ramón Luis Valcárcel -otro gran vencedor de las elecciones del 27-M- el Consejo de Gobierno de Murcia debatió ayer otro posible recurso contra el Estatuto de Andalucía ante el Constitucional.

«Lo hemos visto esta mañana en el Consejo», confirmó el presidente de Murcia, preocupado en su caso por el blindaje del agua, razón por la cual ya recurrió el Estatuto de Cataluña, «pero queremos hacerlo con tranquilidad». «Todavía tenemos una semana por delante», añadió, «y yo quiero hablar antes con Javier Arenas porque creo que, a diferencia de otros estatutos, incluido el de Aragón, en el de Andalucía el blindaje está mucho más matizado».

Pero Valcárcel no es el único que estudiaba recurrir. El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, que acaba de cosechar su cuarta mayoría absoluta consecutiva, también estaba dispuesto a ello hasta que, ayer mismo, al conocer la decisión de Camps y la consiguiente polémica interna, desechó la idea. «Yo tengo recurido el Estatuto de Cataluña precisamente por el tema de la financiación», declaraba a este diario, «y entiendo que ante instrumentos que provocan desigualdades entre autonomías, como es la inclusión del sistema de financiación en los estatutos, al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no nos podemos callar». «Sin embargo», añadió, «acabo de consultar con mis asesores jurídicos y con el partido en Madrid, y me han aclarado que el Estatuto de Andalucía es totalmente constitucional».

El máximo promotor del apoyo del PP al Estatuto andaluz, Javier Arenas, telefoneó ayer a Camps para conocer los términos del recurso. El presidente de la Comunidad Valenciana le transmitió su convicción de que el Estatuto es «plenamente constitucional» y que los informes jurídicos que maneja la Generalitat «cuestionan sólo una disposición adicional», según informa Europa Press.

Por su parte, el portavoz de la Junta de Andalucía recordó que el Gobierno valenciano acude al Constitucional «en contra del respaldo que su propio partido, el PP, dio al texto andaluz».

Éste era ya el clima de la polémica cuando la Generalitat emitió una nota pasadas las 20.30 horas. El portavoz, Vicente Rambla, comunicaba que su Gobierno espera el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo -que, al parecer, es preceptivo- «antes de presentar el recurso de inconstitucionalidad». Además, matizaba que la Generalitat «reconoce la constitucionalidad del conjunto del texto estatutario de Andalucía» y concretaba sus «dudas» sólo sobre «el apartado segundo de la disposición adicional tercera del texto».