Lo comprobó aquella noche ventosa, en otoño de 2005, cuando andaba como loco por el centro de la localidad granadina tratando de fumarse un chino -heroína- a resguardo del aire que apagaba sin piedad su mechero gastado. En la Avenida Salobreña vio un coche aparcado con los seguros abiertos. Y ahí que se metió sin pensárselo dos veces. Ni una siquiera. Porque Pepito no piensa cuando anda a lomos de ese caballo que le gusta mucho más que las tostadas...

Resulta que el coche tenía dueño, dueños mejor dicho: dos policías de paisano que estaban de servicio por la zona. Cuando regresaron al vehículo no se podían creer lo que vieron: un yonqui fumando droga dentro de su turismo como si estuviese de ídem. Desde luego nunca habían tenido un trabajo tan fácil. Redujeron al extraño, abrieron las ventanillas para que se fuera el humo, lo llevaron esposadito al calabozo y lo acusaron ante el juez de robo con fuerza.

La víspera de Nochebuena de ese año se celebró el juicio y un mes después, aproximadamente, la titular del juzgado número 1 de Motril, Adelina Entrena, dictó una sentencia absolutoria por falta de pruebas. Pero nadie recogió la tostada del suelo. Ni ella, ni su secretario, ni el abogado, ni el fiscal... Nadie avisó a la prisión de Albolote de que José Campoy era, de nuevo, un hombre libre.

Sólo 437 días después un funcionario cayó en la cuenta de que ese chico nervioso que paseaba por el patio del módulo 7 pidiendo a gritos un porro, llevaba ya demasiado tiempo ahí dentro. Preguntó y preguntó a sus compañeros y superiores, pero ninguno sabía nada. La duda se acrecentaba. Por fin, decidió llamar él mismo al juzgado donde le comunicaron que José Campoy, de 32 años, estaba en libertad desde hace más de ¡14 meses!

El pasado 22 de marzo José se enteró de la noticia por la megafonía de la cárcel cuando estaba en el patio con su compañero de celda: «José Campoy está libre. Recoja sus cosas y vaya a la entrada...».

En ese mismo módulo, sentado junto a la escuela, otro recluso, alto, calvo y de más edad, oyó también el aviso y sintió la sana envidia de siempre cuando un compañero gana la libertad. Sin embargo, en ese momento no relacionó que ese destino tenía mucho que ver con el suyo.

Jorge Baena, el calvo, cumple una condena de tres años de prisión en Albolote tras ser detenido por la Guardia Civil de Almuñécar -a 20 kilómetros de Motril- con seis kilos de hachís encima. Aunque no mantenía ninguna relación con Pepito ambos coincidían todos los días en la escuela y en el patio de la prisión. «Sí, sí, ya me acuerdo de él. Decían que estaba liado con una jueza y les escribía las cartas para pedir el indulto a los que querían», recuerda Campoy, que todavía no se ha dado cuenta de que la novia de ese hombre y la jueza que se equivocó con él son la misma persona.

En el entorno de la magistrada achacan el desorden de su juzgado y las irregularidades cometidas por ella a la tormentosa relación que mantenía con Jorge. «Adelina es una buena persona: trabajadora, sensible y dispuesta a ayudar en lo que pueda. Pero desde que conoció a ese chulo vivía amargada», asegura alguien de su círculo profesional.

Separada y madre de dos hijos, Adelina inició su relación con Jorge hace varios años. Ambos la pasearon sin problemas por el pueblo a pesar de la no muy buena fama del novio en determinados ambientes nocturnos. Hasta que un día la jueza lo pudo comprobar por ella misma cuando se vio como protagonista de un suceso de violencia doméstica similar a los que cada día llegan a su juzgado.

En medio de una discusión, Jorge la agredió físicamente a ella y a su hija mayor. Adelina se fue directa a la comisaría y le denunció por amenazas y lesiones. La policía tramitó la denuncia que acabo en el juzgado número 5 de Motril, -al inhibirse la jueza por razones obvias- especializado en estos casos de violencia de género, y no muy lejos de su propio despacho. El juicio se suspendió en dos ocasiones. La última, el pasado 30 de agosto, por incomparecencia de la propia magistrada. Y ese fue el principio de su fin...

Ese mismo día, minutos antes de la hora fijada para el comienzo de la vista, Adelina remitió una nota a la secretaria judicial en la que decía: «Al final no voy. Díselo al juez y haz constar que por diligencia telefónica te he comunicado que mi hija no se encuentra bien. Que tiene los exámenes mañana y que aportaré un parte médico. Luego lo transformas en un procedimiento ordinario y lo pones a la cola de los demás juicios. No pongas fecha hasta hablar conmigo. Gracias, tu jueza».

Lo más curioso es que el encargado de llevarle a la secretaria esta nota fue el propio imputado, Jorge, al que Adelina vio antes del juicio. Todo muy familiar. Fue el propio juez sustituto el que hizo llegar esa nota al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, que abrió un expediente a la magistrada al considerar que estos hechos pueden ser constitutivos de una falta muy grave «por utilizar su cargo de juez para obtener ventajas injustificadas al intentar favorecer al imputado ralentizando el proceso».

Adelina se defendió diciendo que redactó esa nota tras sufrir su hija un ataque de angustia. «No llego a comprender como un hecho tan intrascendente e ingenuo, con tan poca intencionalidad, haya desembocado en este desagradable incidente. Es inaudito y deshonroso pensar siquiera que denuncio a mi ex pareja por unos hechos tan comprometidos y, después, voy a querer ralentizar este juicio estando mi hija de por medio», argumenta la jueza.

LARGAS AUSENCIAS

La muerte de su hermana y los problemas con su novio provocaron frecuentes y largas ausencias de la jueza por baja laboral en su juzgado. Según se recoge en el nuevo expediente abierto por CGPJ, Adelina estuvo «curiosamente de baja los mismos meses -de septiembre a diciembre- durante tres años seguidos». La Inspección señala a estas ausencias como las causantes «de la poca implicación del equipo rector del juzgado en la resolución de asuntos pendientes lo que influyó en la situación de provisionalidad e interinidad de un juzgado donde la sucesión de secretarios y funcionarios fue demasiado frecuente».

Una consecuencia de esta interinidad es el caso de José Campoy, cuya sentencia absolutoria no le fue comunicada a la prisión donde estaba ni su nombre figuraba en el Libro de presos, un registro que existe en cada juzgado para llevar las cuentas del tiempo de prisión que le resta a cada reo condenado en esa sala. Pero Pepito no ha sido el único caso.

Los inspectores han descubierto ahora que D.A.S., condenado por un delito de maltrato familiar a siete meses de prisión, permaneció en la cárcel 35 días más de lo debido. La misma situación vivió E.A.I., condenado a seis meses por quebrantamiento de pena, y que estuvo privado de libertad irregularmente durante 38 días. Ninguno de los dos figuraba en el mencionado libro.

En su informe, los inspectores coinciden en que la juez «no lleva ningún sistema de control de causas con presos preventivos y que el libro destinado a este fin se muestra como un instrumento inútil para el control de este tipo de causas». También se añade que, en estos momentos -con Adelina de baja de nuevo desde el 22 de febrero- el juzgado tiene 280 causas pendientes de sentencia

Desde que salió de la cárcel, José anda medio perdido por su barrio de siempre, Varadero, a espaldas del puerto de Motril. Casas muy humildes repletas de niños mal escolarizados e inmigrantes recién llegados que se buscan la vida en los barcos pesqueros de la zona. Durante el día ejerce de improvisado aparcacoches en el centro comercial del pueblo y a última hora de la tarde espera la llegada de los barcos donde sus amigos de toda la vida le dejan recoger de entre las redes restos de pescado fresco que luego vende en Motril.

Tras un rato de espera aparece como un fantasma a la vuelta de la esquina de su casa con un montón de chatarra metida en bolsas de plástico. La esconde entre los árboles, cerca del coche abandonado donde duerme algunas veces. Con suerte, de ahí sacará los 10 euros que necesita para comprar una micra de droga que está impaciente por fumarse. «¡Vale, vale! Hablo contigo pero tus compañeros me dieron algo para mis vicios. Me vas a ayudar, ¿no?», dice a gritos sin dejar de moverse, impaciente, nervioso.

SIN ASCENSOR

Subimos con él a su casa: un segundo piso sin ascensor bien humilde y sencillo. No hay un sólo libro y en sus tres dormitorios se han criado los 13 hijos de José Campoy y Ana Maldonado. Pepito ocupa el puesto noveno en el orden de llegada a su mísero mundo y es el mayor de los únicos dos varones del matrimonio.

El padre es un marinero en tierra. Después de pasar todas las noches de los últimos 46 años de su vida faenando en la mar se aburre ahora en casa como una ostra de las que no pescaba desde que se jubiló hace unos meses. Es un hombre tranquilo, resignado con su suerte, amargado más bien. Sólo se altera por la impaciencia de Pepito para que le llevemos en nuestro coche a pillar droga antes de hacerle la foto. Apura una copa de vino antes de hundirse aún más en su sillón. Los 600 euros que cobra de pensión es el único dinero que entra en esta casa con, ahora, cinco bocas que alimentar.

Ana, la madre, analfabeta y enferma de los huesos, reprende continuamente a Pepito, sus interrupciones al periodista. «Yo pensaba que ya había cumplío la pena pero como no le soltaban y él no decía na cuando íbamos a verle los sábados, pensaba que le podía haber salío otra cosa. Al abogao no le vimos nunca ni sabemos como se llama. Tampoco teníamos ningún papel pa ver cuando salía. Por eso no nos enteramos de nada», asegura doña Ana con un gesto de infinito cansancio encima.

José abandonó el colegio a los 12 años y comenzó a trabajar en el puerto descargando pescado «porque nunca me ha gustado la mar, con todas esas olas que vienen y van...», dice canturreando. «Fue por las malas compañías. Le vieron joven, con dinero, y se aprovecharon de él», le corrige el padre desde su ensimismamiento.

«¡Que mañana vienen los de España Directo! ¡Y han llamado los de la radio!», dice su hermana Macarena, 25 años, también sin estudios ni trabajo, -y también con ataques epilépticos como él- colgando su teléfono móvil. El aparato es el único medio de comunicación de la familia con el exterior porque nadie más tiene un teléfono en esta casa. Pepito le pide de repente a su hermana que se vaya a la calle «porque estamos hablando de drogas y cosas malas», dice en un desconocido tono puritano.

«¿Y no te enteraste de cuándo tenías que salir?», le preguntamos incapaces de comprender como alguien puede pasar 437 días de más en la cárcel sin saberlo. «Yo no dejaba de repetírselo a todo er mundo: "Que no tengo que estar aquí, que me parece que ya he pagao..." Pero naide me hacía caso. Era muy aburrío estar allí. Todos los días iguales», recuerda José que se pasó esos 437 días de más fregando los baños de la cárcel a cambio de la televisión que le dejaron. Porque el hombre es un juguete roto hasta encerrado...

De momento, la que ha iniciado su defensa es Adelina Entrena. En su escrito remitido a la Inspección que instruye su caso, arremete contra todos los eslabones que considera cómplices de su error -fiscalía, abogado, cárcel y al propio preso- por no avisarla. La mujer, que se encuentra ingresada en una clínica por depresión, reivindica desde allí su presunción de inocencia ante el «linchamiento público y mediático» que está sufriendo.

Mientras, a José sólo le interesa la heroína que va a pillar mañana y el dinero que puede sacar de todo esto «pa comprarme un coche y ayudar a mi madre». Le decimos que unos 60 euros por día pero su cabeza no está cuentas. «Y eso, es mucha pasta, ¿no?». «Nada para el tiempo que has pasado en la cárcel...».

Dejamos al juguete roto en su mísero rincón y uno se pregunta si será capaz siquiera de cobrar la indemnización. Entre la chatarra y la droga, José va apurando su destino. De momento, las tostadas se le siguen cayendo por el mismo lado...

Con información de

Bárbara Alcalde

Con la ley en la mano, a José Campoy le van a ofrecer un total de 26.229 euros por los 437 días que ha pasado injustamente en la cárcel. O lo que es lo mismo: 60 euros por día, dos euros y medio por cada hora gastada allí dentro. Eso sí, con comida incluida. ¿Compensa este dinero el tiempo arrebatado por un error injustificable y que nunca podrá ser recuperado? La familia de José estaría dispuesta a aceptar ese trato porque, esa cantidad equivale a lo que ingresaría en cuatro años con la pensión del padre. Sin embargo, el abogado Marcos García Montes, que está llevando también el caso de Dolores Vázquez -que pasó 17 meses en prisión acusada del asesinato de Rocío Wanninkhof y posteriormente fue absuelta-, y se ha ofrecido a ayudar a esta familia, cree que podrían conseguir mucho más «dadas las consecuencias subjetivas de ese encarcelamiento tales como los traumas a todos los niveles que el hombre puede haber sufrido, el incremento de riesgo de muerte que conlleva el ingreso en prisión y las consecuencias para la familia, sus padres sobre todo. Y aún así, no hay dinero que pague lo que le han hecho». Según la Asociación de Víctimas de Errores Judiciales, todas las semanas se presenta una reclamación de media en nuestro país por ingresos en prisión a causa de un error judicial.

Estados Unidos es la nación donde más trascendencia tienen este tipo de casos. Entre los más recientes, informa Julio Valdeón, está la indemnización de cinco millones de dólares que cobró el pasado 17 de mayo James C. Tillman tras pasar 18 años en una prisión de Connecticut por una violación que no cometió. Randy Druken también cobró dos millones por los 16 años que pasó en un presidio de New Jersey acusado de haber matado a su novia. Fue liberado cuando el verdadero asesino confesó su crimen.

Pero no todos los errores han sido reparados de la misma manera. Así, Kevin Baruxes recibió sólo 265.000 dólares por los siete años y medio que pasó en una cárcel californiana acusado de una violación que tampoco cometió. Le dieron 100 dólares por cada día que pasó entre rejas.