En una Nueva declaración sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE) y sus desarrollos, firmada por la Comisión Permanente, máximo órgano episcopal entre asambleas, los obispos descalifican la asignatura: «Implica una lesión grave del derecho originario e inalienable de los padres y de la escuela, reconocido por la Constitución, a elegir la formación moral que deseen para sus hijos».

En consecuencia, la Iglesia advierte que «el Estado no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia moral, sino que su obligación es promover y garantizar el ejercicio del derecho a la educación», en un marco «respetuoso de la libertad de conciencia y del pluralismo social».

Los obispos no están en contra de cualquier educación para la ciudadanía, sino de «ésta». Y explican: «Otra diferente, que no hubiera invadido el campo de la formación de la conciencia y se hubiera atenido, por ejemplo, a la explicación del ordenamiento constitucional y de las declaraciones universales de los derechos humanos, hubiera sido aceptable e incluso, tal vez, deseable».

Pero tal y como está formulada, la nueva asignatura es «inaceptable en la forma y en el fondo» y, además, está ocasionando «una creciente y comprensible preocupación en los padres» y poniendo «en dificultades a los centros».

A todos los centros. En primer lugar, a los católicos. Porque «se verían obligados por ley a introducir en su programación una asignatura que no resulta coherente con su ideario».

Pero también provoca problemas a los estatales. Porque, «perdiendo su obligada neutralidad ideológica, impondrán a quienes han optado por la religión y moral católica otra formación moral no elegida por ellos».

Una vez hecho el diagnóstico del mal, los obispos se plantean la forma de combatirlo. Y es aquí donde no se atreven a defender abierta y explícitamente la objeción de conciencia contra la asignatura. Quizá porque muchos prelados no son partidarios de ella.

De todas formas, tras recordar que «la gravedad de la situación no permite posturas pasivas ni acomodaticias», indican que los padres y los colegios pueden «recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, que es lo que está en juego».

«Nuevo desafío»

No citan la objeción de conciencia, pero tampoco la excluyen. Señalan que «ninguno de tales medios legítimos puede ser excluido justamente en ninguno de los centros en los que se plantea este nuevo desafío: ni en los centros estatales ni en los de iniciativa social».

Es una clara advertencia a la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), que apuesta por dar en sus centros, que aglutinan a más de dos millones de alumnos, una asignatura de Educación para la Ciudadanía adaptada al humanismo cristiano que distingue sus idearios.

Y eso puede dividir las filas católicas. De ahí que los obispos terminen con una invitación a todos sus fieles a mostrarse «unidos en la defensa» de la libertad de conciencia y de enseñanza.

El Ministerio de Educación respondió que la asignatura no pretende suplantar la «imprescindible» labor de los padres en la educación de sus hijos, sino que la complementa.

Así, garantizó que «no se invade ningún ámbito privado, sino que se crean las condiciones necesarias para que el conjunto de ámbitos privados existentes puedan convivir entre sí», informa Europa Press.