Que la Iglesia advierta a la sociedad contra «posturas pasivas y acomodaticias» da una idea de su determinación en contra de que el Gobierno imponga desde la escuela la formación moral de los ciudadanos y una cosmovisión laica. El tono del comunicado de los obispos habla a las claras de la gravedad del enfrentamiento con el Gobierno y anuncia un nuevo clima de crispación que podría trasladarse incluso a la calle.

Sin embargo, la objeción no es admisible. En primer lugar porque todos debemos estar sujetos a la ley, nos guste o no. Eso supone vehicular la legítima disconformidad por otros cauces. Además, ese tipo de postura socava aún más la maltrecha autoridad del profesor en un sistema educativo de por sí devaluado.

La educación cívica es imprescindible para articular una sociedad en valores. Otra cosa es que deba estar teledirigida desde el Estado y concebida en oposición a la asignatura de Religión. De la misma forma que hemos defendido que ésta debería ser opcional, Educación para la Ciudadanía debería tener el mismo tratamiento.

No le falta razón a la Iglesia y a buena parte de la comunidad educativa cuando califican la nueva asignatura de «injerencia inadmisible en la facultad y el derecho de los padres a decidir sobre la formación moral de sus hijos». Cabe preguntarse si el Estado asume la transmisión de valores o lo que hace en el fondo es vulnerar derechos fundamentales como la libertad de enseñanza, de conciencia o religiosa.