Resulta vergonzoso que el PSOE y los sindicatos hayan utilizado de inmediato esta resolución para pedir a Aguirre «responsabilidades» y que Manuel Lamela no vuelva a ocupar un cargo relevante, porque si algo deja claro el auto es que el entonces consejero de Sanidad actuó correcta y diligentemente al suspender cautelarmente al responsable de Urgencias, José Luis Montes, y destituir a los directivos del centro.

La descripción que la resolución judicial hace de las prácticas de los responsables de dicho servicio es demoledora. Señala que en algunos casos no se efectuó un estudio clínico suficiente de los pacientes antes de proceder a su sedación, y que esa falta de diagnóstico es precisamente una de las razones por las que no puede saberse si la sedación fue la causa de la muerte.

Afirma que queda demostrado que las sedaciones incrementaron innecesariamente el riesgo de muerte de los pacientes, que tenían enfermedades graves pero no terminales. Se trataba de ciudadanos susceptibles de tratamiento y, «si tenían alguna posibilidad de superar el evento que generó el ingreso, ésta fue suprimida por la sedación, que eliminó la expectativa de supervivencia».

Se reitera que en varios casos las dosis fueron excesivas, por la cantidad y por el tiempo durante el que fueron administradas. Que se suministraron sin un dolor agudo que las justificara. Que se mezclaron medicamentos potencialmente peligrosos.

De ahí que resulte asombroso que quienes han hecho del caso una bandera política contra el PP sostengan ahora que la Justicia les ha dado la razón. En todo momento, el juez hace patente que «hay una duda que no puede despejarse»: si los pacientes murieron o no por las sedaciones. En todo caso, queda probado que éstas fueron indebidas y peligrosas.

Es la responsabilidad penal la que de momento ha quedado descartada, pero queda pendiente la responsabilidad deontológica. Le corresponde al Colegio Médico de Madrid emitir un dictamen público contundente, además de retirar la colegiación a los implicados, de forma que ningún paciente vuelva a sufrir las consecuencias de sus prácticas. No da pie al optimismo que esta institución emitiera ayer un comunicado en el que simplemente se congratulaba de que no se hubiera encontrado responsabilidad penal. Es el corporativismo mal entendido de cubrir las malas prácticas el que perjudica la credibilidad de la profesión médica, y no actuaciones como las de la Comunidad de Madrid, que puso como prioridad los derechos de los pacientes.