Lo acordado ayer en Bruselas no es la Constitución que aprobaron los españoles en referéndum; de hecho, es un mini Tratado, farragoso, lleno de declaraciones anejas en función de los intereses de los más escépticos y que, además, gira en torno a un hipercomplicado acuerdo de votaciones.

El presidente español insistió en que el acuerdo alcanzado por los Veintisiete era un «reto muy difícil» que, en su opinión, se ha superado «con voluntad y decisión por parte de todos para que la UE emprenda una nueva etapa con una unión política más perfecta». «Todos hemos tenido que ceder un poco para que todos, finalmente, podamos ganar mucho», recalcó el presidente.

Zapatero destacó, como puntos más importantes para España, la consagración de la Carta de Derechos Fundamentales con valor jurídico, aunque de la misma queda totalmente excluido el Reino Unido. Igualmente resaltó la importancia de la ampliación del número -de 36 a 87- de políticas que se decidirán por mayoría cualificada y en las que, por tanto, no cabrá la posibilidad de veto. También ha resaltado como muy importante la consideración de las cuestiones de inmigración como política común de la Unión Europea, así como los avances que se producen en materia de seguridad y justicia; la inclusión de una «referencia» a la necesidad de impulsar las interconexiones energéticas y la salvaguarda de las políticas especiales para las llamadas regiones ultraperiféricas.

Además de éstas, hay otras dos cuestiones que pueden ser consideradas como las verdaderas claves del acuerdo: de un lado, la creación de la figura del Alto Representante de la Unión Europea (es decir, una especie de ministro de Exteriores europeo), que debería ser la voz única de los Veintisiete en el ámbito internacional; de otro, la prolongación del sistema de voto pactado en Niza hasta 2014, con un periodo suplementario que también permite su ampliación hasta marzo de 2017.

Ambos pactos resultan satisfactorios para el presidente del Gobierno -«Todo lo que cambia este Tratado es para mejor», llegó a decir-, si bien hay que señalar que la figura del ministro de Exteriores, que para España era «irrenunciable», va acompañada de una declaración -que se incluirá en el artículo 11, apartado 1- en la que se afirma que «las disposiciones referentes a la Política Exterior y de Seguridad Común, incluido lo relativo al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Política de Seguridad y Servicio de Acción Exterior, no afectarán a las bases jurídicas, responsabilidades y competencias existentes de cada Estado miembro en relación con la formulación y conducción de su política exterior, su servicio diplomático nacional, sus relaciones con terceros países y su participación en organizaciones internacionales, incluida la pertenencia de un Estado miembro al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas».

En definitiva, pese a la nueva figura creada, eso significa que cada país podrá seguir ejerciendo la política exterior que considere oportuna autónomante en función de sus propios intereses y que la «voz única» en realidad no tiene efecto alguno cuando se trata de pronunciarse en el sanedrín de Naciones Unidas, donde Francia y el Reino Unido tienen un puesto permanente y, además, derecho de veto.

Aseguran los técnicos que esta declaración tiene valor político y no jurídico, pero lo cierto es que, una vez puesta negro sobre blanco, cualquier país, llegado el caso, puede acogerse a la misma. Por lo que se refiere al sistema de voto, se da la paradoja de que finalmente lo satisfactorio se llama Niza. La prolongación de este sistema ha sido un logro polaco del que España saca un rédito innegable. Zapatero llegó a la Presidencia del Gobierno en 2004 con un mensaje: «Vamos a desbloquear la Unión» y, para ello, su primera medida fue dejar de defender esta fórmula de voto. «El Tratado de Niza ha muerto», llegó a asegurar el presidente en una conversación informal con periodistas. Ahora, sin embargo, ésa fórmula no sólo resucita, sino que además en estos momentos beneficia considerablemente a los intereses de España.

El presidente del Gobierno, no obstante, no ve en este cambio de postura falta de «coherencia» alguna. En su opinión, se trata simplemente de una cuestión de «posicionamiento político», y lo pactado ahora «permite a Europa funcionar eficazmente».

José Luis Rodríguez Zapatero insistió en que él quiere una Unión Europea en la que «no funcione la lógica del bloqueo, sino la de la mayoría». «Además», añadió el presidente español ayer, «es un hecho incontestable que la influencia no se mide por un voto más o menos, sino por la coherencia y la capacidad de trabajo».