El pasado 9 de junio, José Luis Rodríguez Zapatero intervino ante el Comité Federal del PSOE con un discurso en el que hizo balance de su gestión y habló de cómo será el programa electoral para las generales y quién lo hará.

Algunos notaron en esa intervención un enorme vacío porque no había ni una sola palabra sobre cómo se va a llenar el hueco de casi nueve meses que se abre desde ahora hasta las próximas elecciones generales.

Sobre todo, porque los miembros del Gobierno han oído a Zapatero pedirle a todos en los Consejos de Ministros pulso político y actividad que dé sensación de que la legislatura no está agotada. Lo hizo en enero, tras el atentado de la T-4 de Barajas, y lo ha repetido ahora tras la ruptura oficial del alto el fuego y después de las elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo.

Esos acontecimientos han dejado al Gobierno, según admiten algunos de sus miembros, en situación muy próxima al estado de shock, entendiendo por tal la definición literal del diccionario médico: «Término habitualmente empleado para referirse a los síndromes asociados a una disminución aguda en el flujo sanguíneo efectivo, que condiciona un fallo en el mantenimiento del transporte y/o la liberación de los sustratos esenciales para el normal funcionamiento de los órganos vitales».

Las elecciones del 27 de mayo han supuesto, según admiten varios ministros, la constatación de que es posible que el PP gane las próximas elecciones generales. Ya no hay colchón posible.

Alguno de los ministros más optimistas aseguran estos días que las propuestas para estos nueve meses estarán contenidas en el discurso del presidente en el Debate sobre el estado de la Nación que se inicia el 3 de julio. Para eso, desde La Moncloa se ha pedido a cada uno de los ministerios propuestas concretas que estén en marcha o susceptibles de serlo.

Otros admiten que el tramo final de la legislatura ya no es el momento más propicio para impulsar propuestas que, en muchos de los casos, necesitan de acuerdos parlamentarios que ahora no están en condiciones de asegurarse.

Por ejemplo, la negociación de los Presupuestos para 2008 debe iniciarse estas semanas, pero, antes de arrancar, tiene un incierto futuro. Así, ERC ya ha decidido marcar distancias hasta las generales y no es probable que apoye los Presupuestos; el PNV condiciona su voto a la renovación del Cupo, con una posición de partida difícil de asumir; CiU busca situarse por si el PP gana las generales y vive una crisis interna; Izquierda Unida deberá elegir si termina la legislatura como socio preferente, y Coalición Canaria es el nuevo amigo de los populares.

Una prueba de esta situación de casi interinidad es lo que ocurrió recientemente en una reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, cuando alguien planteó la necesidad de iniciar la negociación de la financiación autonómica y el vicepresidente, Pedro Solbes, sostuvo que casi era mejor dar largas y esperar a la próxima legislatura.

También La Moncloa da por perdidos los dos proyectos de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se tramitan en el Congreso y que pueden decaer por falta de apoyos. Constituyen el grueso de la reforma judicial impulsada por Juan Fernando López Aguilar para aplicar el programa socialista e incluyen la universalización de la doble instancia, la modificación de la oficina judicial, el trasvase de competencias del Tribunal Supremo a los tribunales superiores y la creación de los consejos de Justicia autonómica.

El actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, sólo ha impulsado en los últimos meses el nuevo Estatuto Fiscal, con un éxito relativo.

Quedan en el trámite la Ley de Memoria Histórica, que tiene garantizada la aprobación, pero no el consenso ni la ausencia de desgaste, y otras con coste político evidente como la del Cine.

El actual Gobierno ha mostrado una notable dificultad en el último año para marcar su agenda política. De alguna forma, está preso del interés de Zapatero de situar el terrorismo y la reforma territorial en el primer plano político al inicio de la legislatura.

Ahora, el proceso de paz se ha diluido y la política territorial está pendiente de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, que podría llegar antes de las generales. En este último caso, con toda seguridad los próximos meses estarán marcados por la tensión desde Cataluña para desarrollar el Estatuto.

Por ejemplo, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, se ha visto obligada a asumir la gestión de las conversaciones para ceder a la Generalitat la gestión de los trenes de cercanías y del aeropuerto de El Prat.

Lo obvio es que, con esa agenda adversa, el Gobierno tiene dificultades para poner sobre la mesa la gestión de asuntos sociales sobre los que puede presentar mejor hoja de servicios, especialmente la Ley de Dependencia.

Recientemente, según relata un miembro del Gobierno, se produjo un cierto debate en un Consejo de Ministros porque alguien planteó que, finalmente, la gestión de esa ley era de las comunidades y el ciudadano podía tener la impresión de que es una norma autonómica y no estatal. O sea, que cada gobierno autonómico se puede poner la medalla política de la ley.

La respuesta que recibió está en la ortodoxia del pensamiento de Zapatero, que considera que los ciudadanos son suficientemente inteligentes para discernir.

En ese caso concreto, agrava la situación la Ley de Publicidad Institucional que aprobó este Gobierno y que impide que el Ejecutivo haga publicidad de autobombo. En teoría, es una ley básica, pero, como no tiene mecanismos de control o sanción, no se aplica en las comunidades y hay autonomías como la de Madrid que hacen campaña con la Ley de Dependencia.

Entre el abuso de esa publicidad institucional y la falta de presencia pública de algunos ministros se sitúa la ausencia de perfil político, sobre el que Zapatero ha llamado la atención reiteradamente en varios Consejos de Ministros. Su problema es que él mismo ha eclipsado su gestión asumiendo funciones y riesgos que correspondían a sus ministros.

A nueve meses del final de la legislatura, es impensable también que haya cambios en el Gobierno. Zapatero ha desaprovechado ocasiones como las de las sustituciones de José Montilla o López Aguilar. Según un ministro, el empeño de tener el Gobierno más duradero de la democracia ha llevado al relajo de algunos y a que se entienda el cargo como la gestión del Ministerio hacia dentro, sin perfil político exterior.

El estado de shock se ha extendido en el Gobierno con la gestión del final del proceso de paz. En el último Comité Federal del PSOE, destacados dirigentes socialistas, como José María Barreda y Joan Lerma, pusieron por primera vez voz a la crítica que algunos miembros del Gobierno expresan en privado: la falta de claridad.

Por ejemplo, las dificultades para entender la gestión del caso De Juana o sobre las listas de ANV, porque ni siquiera las explicaba nadie. Añaden que, en comunidades como Madrid o Valencia, el fracaso electoral ha tenido mucho que ver con los candidatos, pero también con esas actuaciones confusas en política nacional. El Gobierno perdió el combate frente al mensaje eficaz, por simple, del PP por pura incomparecencia en muchas ocasiones.

Sobre esa posición de confusión ha habido autocrítica y propósito de enmienda en las reuniones más reservadas del núcleo duro del Gobierno, posteriores a las elecciones.

A nueve meses de las elecciones, los optimistas recuerdan que Felipe González y José María Aznar tuvieron mayoría absoluta pocos meses después de que fracasaran sus respectivos procesos de paz. Para eso, consideran que es necesario que Zapatero asuma un discurso público e incuestionable de firmeza.

Ayudan los encarcelamientos de Arnaldo Otegi y de José Ignacio de Juana Chaos, pero preocupa que el presidente dejara pasar las visitas a La Moncloa de Mariano Rajoy y de Juan José Ibarretxe para aparecer públicamente con su propuesta de dureza contra el terrorismo.

Desde La Moncloa se dice que nunca nadie exigió explicaciones a González ni a Aznar sobre sus respectivos procesos de diálogo y, mucho menos, se hizo en función de lo que revelaba ETA. Ninguno de los dos explicó sus decisiones.

En las dos últimas semanas, parece que Zapatero ha abandonado el discurso basado en denunciar la injusticia del PP al hacer oposición con el terrorismo, tras la exhibición de victimismo en su comparencia en Cuatro la semana de la ruptura del alto el fuego. Aparcado el tono victimista, un ministro asegura: «Nos votarán por lo que hagamos, no por lo que nos hayan hecho».