La Audiencia ha rechazado el último recurso de los acusados para intentar evitar ir a juicio: una queja contra una providencia de la juez instructora, Gemma Gallego, que declaró improcedente la apelación que se pretendía interponer contra el auto de apertura del juicio oral, dictado el 14 de marzo.

En el trasfondo de este laberinto procesal se encuentra la tesis de la defensa de que no se puede abrir el juicio oral cuando sólo existe una acusación popular -en este caso, la Asociación de Víctimas del 11-M- y no acusan ni el fiscal ni los perjudicados por el supuesto delito.

Esta novedosa tesis se basa en la sentencia por la que la Audiencia Nacional absolvió al banquero Emilio Botín en el caso de las cesiones de crédito, resolución impugnada ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado.

«No se alcanza a comprender el valor cuasinormativo o de intérprete auténtico que pretende conferirse a un determinado órgano jurisdiccional [la Audiencia Nacional] con causa en un solo pronunciamiento que está pendiente de casación», dice la Sección Tercera de la Audiencia de Madrid en una resolución conocida ayer.

La Audiencia reconoce el «atractivo» planteamiento del recurso, elaborado por el defensor José Antonio Choclán, pero añade que «carece de cobertura legal», ya que la ley «es clara» en que no cabe impugnar el auto de apertura de juicio oral.

El Tribunal indica que los acusados podrán reproducir su tesis en el trámite de cuestiones previas con el que se inicia el juicio oral. «En el presente caso», afirma, «el juicio ha sido abierto con acusación, y sobre la legitimación de quienes la han formulado se pronunció la instructora en el auto del 14 de marzo. Que las razones expuestas no sean compartidas [por los acusados] no justifica la creación de un recurso que no está previsto en la ley».

Esta decisión permite a Gallego remitir ya el procedimiento a la Audiencia para que señale la fecha del juicio. Santano compartirá el banquillo con su número dos, Pedro Mélida; el jefe de la Unidad Central de Análisis, José Andradas; y el jefe del Laboratorio Toxicológico, Francisco Ramírez.