En su escrito, «se congratula de la sentencia del Tribunal Supremo que, aceptando el recurso planteado por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid».

Según Justicia, el Alto Tribunal ha aceptado «las tesis de la Abogacía del Estado en el sentido de que la actuación de los policías intervinientes fue ajustada a legalidad y no hubo ni detención ilegal ni falsedad en las actuaciones que se siguieron contra los militantes del Partido Popular objeto de investigación».

«El Tribunal Supremo» -en opinión del Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo- «descalifica así la acusación que formuló el Partido Popular contra los funcionarios policiales».

Por su parte, el ex ministro de Defensa José Bono aseguró: «Hoy el Tribunal Supremo nos da una esperanza frente a aquéllos que se ponen la justicia por montera». Acusó al PP de «propiciar» que tres jueces de la Audiencia Provincial de Madrid, «los señores Miguel Hidalgo, Rosa Esperanza Rebollo y Rafael Espejo-Saavedra», condenaran a «tres honrados policías» por lo ocurrido en esa manifestación.

Bono se preguntó si ahora que el Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid «los jefes del Partido Popular pedirán perdón a esos tres honrados policías, a sus hijos, a sus familias», y «cómo van a compensar el sufrimiento y la tragedia que han vivido esas tres familias».

«¿Pensarán que está en el guión de su trabajo electoral, que va a quedar gratis ponerse la justicia por montera, que querer llevarse el Estado de derecho por delante va a quedar impune en España?», preguntó Bono. Afirmó que el Supremo con la anulación de esa sentencia «nos dice que totalmente impune no, que no puede quedar impune mentir, que no puede ser lícito querer ganar las elecciones a toda costa, que mentir el 11-M para ganar las elecciones el día 14 no puede quedar impune». Tampoco «puede quedar impune enterrar, de manera ilícita y falsa, con identidad falsa, a 30 soldados de los 61 que fallecieron en el Yakolev».

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió al PP que retire la «catarata de insultos y descalificaciones» vertidas contra el Gobierno y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en los últimos meses y pida «disculpas» a los tres policías.

El ex delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, manifestó que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ahora anulada era un «disparate jurídico» que se redactó «mirando al tendido del PP». Aseguró que el PP, «con su manipulación, con su persecución, condicionó la acción de la Justicia», y lamentó que el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid no pida perdón a «las personas a las que ha tenido durante año y medio sometidas a la máxima tensión».