El Ejecutivo de Bruselas entiende que Telefónica ha incurrido en un «abuso muy grave» de posición dominante en el mercado español de internet de banda ancha, provocando con ello dos consecuencias: primero «ha impedido» la competencia del sector al cobrar unos precios mayoristas «abusivos» a sus rivales, de modo que al resto de compañías «no les ha quedado» margen de beneficios suficientes para poder desarrollarse; y segundo, consecuencia de todo lo anterior, durante cinco años «ha obligado a los consumidores españoles» a pagar un 20% más por el acceso al ADSL que el promedio de lo que pagan el resto de europeos en la UE-15.

La conclusión final que extrajo Neelie Kroes es que «todo ello ha perjudicado» el desarrollo del acceso a Internet de alta velocidad en España, «como demuestra el hecho de que su implantación de ADSL está claramente por debajo de la media comunitaria» (un 30% inferior en la UE antes de las últimas ampliaciones).

«Por su gravedad y duración, el abuso de Telefónica merece una sanción severa», argumentó la comisaria, quien admite que esta ha sido una multa ejemplarizante que espera que «sirva para disuadir» a otros operadores dominantes a la hora de caer en la tentación de incurrir en comportamientos parecidos.

A su juicio, el estrechamiento de márgenes que la operadora presidida por César Alierta ha venido imponiendo a sus competidores no sólo incrementó sus costes, sino que «perjudicó gravemente» a los consumidores, algo que dijo «no estar dispuesta a consentir», como tampoco que los operadores dominantes fijen precios y «den al traste con la liberalización de las telecomunicaciones».

Lo que no explicó Neelie Kroes ayer durante su intervención fue una cuestión que quedó en el aire y que todos en Bruselas siguen sin comprender demasiado bien, el motivo de que haya aplicado una mano tan dura en este caso y, sin embargo, no haber hecho lo mismo en investigaciones precedentes y de similares características. Lo cierto es que hasta la fecha, la Comisión había sancionado a la francesa Wanadoo -hoy Orange- con 10,35 millones de euros y a la alemana Deutsche Telekom con 12,6 millones, y el motivo esgrimido fue el mismo, abuso de posición dominante en el acceso a la red local y a Internet. Las sospechas de que han podido existir presiones por parte de Francia y de Alemania en el colegio de comisarios a la hora de aprobar la multa contra la operadora española no hacen sino incrementar aún más las dudas sobre la totalidad de las motivaciones que han desencadenado esta actuación.

Precisamente, ésta es una de las principales quejas que presentó ayer Telefónica y que va incluida en el recurso de la multa que planteará ante el Tribunal de Justicia de la UE. La operadora española se queja amargamente de haber recibido «un trato desigual y desproporcionado», según manifestó un portavoz de la compañía española, quien confirmó que Telefónica está decidida a «solicitar la total anulación de la inexplicable decisión de la Comisión Europea».

«No es tanto la cuantía de la multa lo que nos preocupa», continúa este portavoz, «sino el hecho mismo de que se haya producido, porque nosotros hemos cumplido en todo momento con los dictámenes impuestos por la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), y a partir de ahora queda demostrado que ni nosotros ni el resto de compañías van a saber a qué atenerse. Lo que ha provocado Bruselas con esta acción es un auténtico desbarajuste jurídico y, desde luego, que en el futuro tengamos que obviar lo que nos digan desde la CMT. Es la CMT quien ha quedado desautorizada y, desde luego, quien más tocada va a quedar».

La CMT cuestionada

A este respecto, la comisaria Kroes aseguró que la multa «no va contra el regulador español, sino contra Telefónica». Sin embargo, el hecho mismo de que el presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Reinaldo Rodríguez, clamara la víspera contra la sanción de Bruselas puede dar la medida de la indigestión que la actuación de Neelie Kroes ha provocado en el Gobierno españo. El Ejecutivo solicitó hasta el último momento a la Comisión que «reconsiderara» su postura), lo que supone otro agrio cara a cara entre las autoridades reguladoras españolas y las comunitarias, entre las que existen claras relaciones de tensión a raíz de la batalla jurídica provocada por la OPA de Endesa.

Según Kroes, «la CMT hizo su trabajo» al imponer en diciembre de 2006 a Telefónica una reducción de precios mayoristas, al tiempo que manifestó que tanto ella como las autoridades españolas «comparten el mismo diagnóstico» acerca de que «el consumidor español paga demasiado». Cierto o no, la realidad es que este regulador español al que se refirió Neelie Kroes busca ahora cómo reaccionar en un nuevo terreno, algo que refuerza las aspiraciones nunca ocultadas de la comisaria holandesa por imponer desde Bruselas un regulador comunitario en el mercado de las telecomuniaciones al resto de reguladores nacionales.