El Debate sobre el estado de la Nación terminará con el Hemiciclo dividido en dos partes desiguales ante ETA. Por un lado, el PP, que no ceja en su empeño, votará una propuesta de resolución propia que exige que se entreguen a la Cámara «las actas de las reuniones mantenidas en el marco del proceso de negociación con la organización terrorista ETA». Por el otro, el resto de la Cámara, que suma mayoría absoluta amplia, rechazará la iniciativa de los populares, por entender que es unilateral, que divide y que, además, nunca se han pedido explicaciones sobre el diálogo con ETA a los anteriores presidentes del Ejecutivo.

Según el Gobierno, nadie pidió en 1999 la comparecencia en el Congreso de Ricardo Martí Fluxá y Javier Zarzalejos, secretario de Estado de Interior y secretario general de Presidencia, respectivamente, enviados por Aznar a negociar con ETA. Según portavoces como Josep Antoni Duran Lleida, de CiU, es una «insensatez» pedir esas actas como hace el PP. Duran, muy molesto con los populares, puso voz al enfado de todos con el principal partido de la oposición por presentar una moción sobre terrorismo que, según todos, sirve sólo para dividir frente a ETA.

En respuesta a la iniciativa del PP, IU registró una propuesta de resolución sobre terrorismo que no tiene asegurado el apoyo del resto de grupos y que, por tanto, podría ser retirada en el último momento. El texto de IU asegura que el «único camino de ETA ha de ser el abandono definitivo de las armas y el cese total de la violencia».

No menciona siquiera la posibilidad de dialogar con ETA, ni para rechazarlo ni para apoyarlo, y pide al Gobierno avanzar «hacia un amplio Pacto Frente al Terrorismo y por la Paz que pueda ser suscrito por todas las fuerzas políticas democráticas».

Recoge casi textualmente el precepto del Pacto Antiterrorista que pide sacar del debate político la lucha antiterrorista.

El PSOE decidió no presentar ninguna propuesta sobre terrorismo para no dividir a la Cámara y quedarse con el acuerdo de mínimos de combatir a ETA. Por eso, el Grupo Socialista y el Gobierno intentan que IU retire la suya antes de la votación de este mediodía.

La del PP que será rechazada por todos los demás grupos pide también que se revoque la moción de 2005 que autorizó el diálogo con ETA. Para los populares, «no se puede mantener ni un día más el humillante despropósito que supone para el Parlamento preservar la plena vigencia de la oferta de diálogo con quienes han decidido seguir apostando por el asesinato y la destrucción en su estrategia criminal contra la democracia española».

El Gobierno rechaza derogar esta moción de 2005, porque nunca se hace con resoluciones parlamentarias y, de hecho, está en vigor la que Aznar se hizo aprobar en 1998 para aplicar una «política penitenciaria consensuada, dinámica y flexible». Con esa moción pudo acercar presos al País Vasco y conceder beneficios penitenciarios a los etarras para acompañar su proceso de paz. Además, la propuesta del PP contiene duras críticas al Gobierno de Zapatero que hacen imposible el apoyo del Grupo Socialista. Así, da por hecho los contactos con la banda mientras se negociaba el Pacto Antiterrorista en la anterior legislatura y habla de la «escasa credibilidad del Gobierno».

Termina diciendo que, «dada la falta de crédito del Gobierno en este asunto de capital importancia para el estado de la Nación, es imperativo y urgente que el Gobierno ponga a disposición de los ciudadanos el contenido real de las negociaciones que mantuvo con la banda terrorista ETA, incluyendo los compromisos y acuerdos alcanzados en nombre de todos los españoles».

Según el resto de grupos parlamentarios, este texto está hecho conscientemente para no ser apoyado por nadie distinto al PP. Los populares quieren marcar así distancias con el resto, ya en la rampa de salida de la campaña electoral, en la que el terrorismo será el principal lema de Mariano Rajoy.

Zapatero recabó ayer el apoyo en lo esencial de todos los grupos parlamentarios en la nueva situación, tras la ruptura formal del alto el fuego de ETA, aunque algunos expresaran matices como la insistencia en defender el diálogo con la banda y la petición de derogar la Ley de Partidos, entre otras.

Lo hizo durante la segunda jornada del Debate sobre el estado de la Nación, que concluirá hoy con la votación de las propuestas de resolución. En este debate, más allá del terrorismo, se evidenció el intento de los socios del Gobierno por intentar poner distancia con José Luis Rodríguez Zapatero, pensando en las elecciones generales. Cada uno busca ya su lugar propio en el espectro político y el Gobierno podría pagarlo en votaciones, empezando por la de Presupuestos, en la recta final de la legislatura.

«Con ustedes nos ha ido bastante mal», le dijo ayer a Zapatero el portavoz del PNV, Josu Erkoreka. Gaspar Llamazares, de IU, pidió un giro a la izquierda y lamentó el «discurso triunfalista» de Zapatero. Hasta José Antonio Labordeta, uno de los diputados con relación más afectuosa con el presidente del Gobierno, le dijo ayer que «hoy no apoyaría su investidura», como hizo en 2004. Pese a todo eso, Zapatero repartió elogios y compromisos. A CiU, para la transferencia de Cercanías; al PNV, para un acuerdo en breve sobre el cupo, y con Begoña Lasagabaster (EA) hizo como que no oía su reivindicación del derecho de autodeterminación.