La suspensión cautelar del juez fue adoptada por unanimidad en una reunión extraordinaria celebrada ayer por la Comisión Permanente del CGPJ. El único punto del orden del día era el auto remitido por el Tribunal andaluz en el que acuerda la apertura de diligencias penales contra Urquía, de 38 años de edad, miembro de la carrera judicial desde hace ocho años y destinado en Marbella desde hace dos.

La resolución del Tribunal Superior de Andalucía no relata los hechos atribuidos a Urquía dado el carácter secreto de las diligencias que instruye el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal Miguel Pasquau.

No obstante, sí precisa que se le atribuyen presuntos delitos de cohecho y prevaricación, esto es, supuestas infracciones penales cometidas en el ejercicio de la función judicial, lo que determina su aforamiento ante el Tribunal autonómico.

De acuerdo con la información de la que dispone el CGPJ, el también juez de Marbella Miguel Angel Torres habría descubierto hace unas semanas indicios contra su compañero Urquía en el curso de la investigación del caso Malaya.

El nombre del titular del Juzgado de Instrucción número 2 habría aparecido en escuchas telefónicas autorizadas por el juez del caso Malaya, que desde el primer momento lo puso en conocimiento del presidente del Tribunal autonómico, Augusto Méndez de Lugo..

Primeros indicios.

Según las mismas informaciones, Urquía habría dictado alguna resolución favorable a Juan Antonio Roca, el principal imputado en la operación Malaya, y habría recibido a cambio algún tipo de beneficio.

A raíz de la aparición de los primeros indicios se intensificaron las investigaciones sobre Urquía. Uno de los datos que sorprendió fue el alto nivel de vida del magistrado, poco acorde con las retribuciones de un funcionario judicial.

Hace unas dos semanas, el instructor del caso Malaya elevó al Tribunal Superior andaluz una exposición razonada en la que relataba la supuesta implicación de Urquía en delitos de prevaricación y cohecho que Torres no puede investigar dado que los magistrados tienen fuero ante la Sala de lo Civil y Penal autonómica. Ésta acordó iniciar un procedimiento, que es lo que ha determinado que el CGPJ suspendiera ayer cautelarmente al imputado de acuerdo con el artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La medida tiene el visto bueno de la Fiscalía.

Curiosamente, Francisco Javier Urquía ha venido trabajando estrechamente en los últimos meses con un fiscal anticorrupción dado que le correspondió instruir el caso Hidalgo, relativo a una presunta trama para blanquear capitales procedentes de actividades delictivas.

Las fuentes del CGPJ consultadas no descartaron que la Inspección acuerde desplazarse al Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella para examinar su situación. La suspensión cautelar de Urquía se prolongará el tiempo que dure el proceso penal abierto contra él, salvo que el Tribunal dicte alguna resolución que aconseje levantarla. Mientras tanto, un juez sustituto o un magistrado en comisión de servicio se hará cargo del Juzgado.

El portavoz del Consejo, Enrique López, dijo ayer que «se ha actuado como siempre, con la celeridad y diligencia que estos casos aconsejan», lo que pone de manifiesto que «nuestra Justicia asegura de manera absolutamente efectiva y eficaz el principio de igualdad de trato de los ciudadanos ante la ley». López añadió que, tanto por la excepcionalidad de casos de corrupción judicial como por la respuesta que se les da, «los ciudadanos pueden tener confianza en el Poder Judicial».