El instructor de la trama de corrupción político inmobiliaria más escandalosa de la democracia, Miguel Angel Torres, sospecha que su compañero de juzgados podría haber cometido delitos de prevaricación y cohecho, al haber recibido dinero procedente del entorno del cerebro de la trama marbellí, el archicorrupto Juan Antonio Roca. Lo extraño, dado que se trata de los delitos más graves que puede cometer un juez en el ejercicio de sus funciones, es que Torres no haya ordenado directamente el ingreso en prisión del magistrado Urquija. No ha habido tanta indulgencia con otras personas implicadas tangencialmente en la investigación. Cabe preguntarse entonces si la necesidad de salvaguardar la confianza de los ciudadanos en la Justicia no ha operado en favor del magistrado procesado por el TSJ andaluz.

Se da la circunstancia de que el juez apartado de sus funciones secuestró un programa de una televisión local sobre cómo consiguió Roca su patrimonio al abrigo del poder. También fue el instructor de la denominada operación Hidalgo, una investigación de blanqueo de capitales a gran escala de la que se han desgranado 23 detenciones, entre las que se incluyen las de varios abogados y notarios. La historia del alguacil alguacilado añade sarcasmo a unos hechos que afectan a la credibilidad de los jueces. Ni la celeridad de respuesta del CGPJ ni la obligada observancia de la presunción de inocencia ponen sordina a un interrogante ineludible, a la luz de la responsabilidad pública de muchos de los integrantes de la cordada de encarcelados, detenidos o investigados en relación el lodazal marbellí: ¿Hasta dónde llega la porquería del caso?