Los partidos políticos reciben ya un 85% más de dinero para su funcionamiento desde las comunidades autónomas y ayuntamientos que desde el Estado, pese a que éste es el único habilitado expresamente por la Ley hasta ahora para repartirles subvenciones. Esta desproporción supone un récord. Así lo denuncia el Tribunal de Cuentas en el informe anual sobre financiación de partidos políticos que acaba de remitir al Congreso de los Diputados. Corresponde al ejercicio 2004.
En total, los partidos políticos recibieron 175,6 millones de euros, de los que sólo 60,2 correspondieron a la vía ortodoxa de subvención estatal. Del resto, 13 millones corresponden a ayudas de las Cortes Generales y, el resto, de comunidades autónomas y ayuntamientos. De los 52 millones repartidos por los parlamentos autonómicos, destacan los 7,1 repartidos por el catalán; y de los 46,2 millones distribuidos por las entidades locales, descuellan los dos millones distribuidos por el Ayuntamiento de Barcelona que dirigía entonces el actual ministro, Joan Clos. Destacan también los 3,5 millones inyectados por el Gobierno vasco a los grupos del parlamento vasco.
No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas alerta sobre este problema, pero las cifras se están disparando. Por ejemplo, los partidos afincados en Cataluña, Convergència i Unió (CiU), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya-Verds recibieron en conjunto 19,9 millones de euros de las instituciones públicas catalanas, frente a una subvención estatal de 7,4 millones. En Euskadi, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) cosecha 4,7 millones de las instituciones que dirige y sólo un millón del Estado.
Según el informe, «todas estas fuentes de financiación no previstas en la Ley Orgánica 3/1987, además de desvirtuar el carácter específico otorgado a esta Ley por razón de la materia, quiebran la unidad normativa e incorporan un inadecuado grado de indeterminación en la cuantificación total de la financiación pública a percibir por las formaciones políticas, favoreciendo un tratamiento dispar entre las mismas».
Las corporaciones locales parecen actuar con gran discrecionalidad. Aunque nadie llega a la generosidad del de Barcelona, llama la atención que el ayuntamiento de Jaén (515.000 euros), supere a los de Sevilla (474.197) o Bilbao (450.000). Y, más aún, que los gaditanos de Jérez (418.296) o San Fernando (416.400) no queden lejos de los niveles del de Madrid (587.268).
El PSOE está impulsando una reforma legal de financiación de partidos que admite ya expresamente recibir subvenciones autonómicas y locales, pero sin aplicar criterios de reparto claros.
El Tribunal de Cuentas, que preside Ubaldo Nieto, se muestra cada vez más preocupado por lo sucedido en Cataluña. «Hay que destacar la concesión de asignaciones extraordinarias que viene otorgando el Parlamento de Cataluña por cuantías crecientes, de forma que en el ejercicio 2004 ha supuesto un incremento del 25%, alcanzando la cifra de 7,5 millones de euros. En ella se suman tanto las subvenciones del Parlament como las transferencias «extraordinarias» de la Generalitat catalana a los partidos.
El Tribunal ironiza con que se pueda seguir calificando de «extraordinarias» ayudas en las que «el mismo procedimiento se ha aplicado en sucesivos ejercicios, incrementándose, incluso de forma significativa, su importe». El organismo fiscalizador asegura que «de la documentación recibida no cabe deducir los motivos que justifican estas asignaciones ni el fundamento jurídico que las amparan». En el caso de CiU, que captó un total de 5,7 millones, de los que 1,9 procedieron del Parlament como asignaciones ordinarias y 2,4 como extraordinarias.