El goteo de este tipo de iniciativas es, lamentablemente, constante. Cuando no es una selección vasca de fútbol la que sale a disputar un partido en Venezuela con una pancarta reivindicando la oficialidad de su equipo «nacional», es una selección catalana de fútbol sala la que se marcha a Yakutia para enfrentarse a un simulacro de representación española; cuando no se aprovecha la Feria del Libro de Fráncfort para reivindicar los «Países Catalanes», se intenta que en la televisión autonómica se subtitule a quien intervenga en español.

En la recta final de la legislatura, transcurridos tres años desde la llegada del PSOE al Gobierno, hay elementos de juicio suficientes para concluir que la dinámica de cesiones al nacionalismo emprendida por Zapatero no sólo no ha aplacado las demandas soberanistas, sino que las ha aumentado. Dos grandes apuestas del presidente, el nuevo Estatuto catalán y las negociaciones con ETA y el mundo abertzale para acabar con el terrorismo, no han servido para implicar ni siquiera al nacionalimo moderado en una política de lealtad al Estado. Ahí quedan los ejemplos mencionados. Lo único que ha conseguido el Gobierno, eso sí, es el respaldo puntual en el Parlamento a muchas de sus propuestas, puede que por convicción, pero es de sospechar también que por cálculo de intereses: mantener a quien más carrete les da.

No es aventurado decir que hoy España está más fragmentada que hace tres años, que se están sentando las bases para que esa disgregación aumente -el caso de la guerra del agua es el mejor ejemplo- o que el debate identitario, lejos de remitir, sigue desperdiciando demasiadas energías.

El PSOE ha pactado en Cataluña con ERC, en Galicia con el BNG, en Baleares acaba de hacerlo con el Bloc -alguno de cuyos representantes ha prometido la Constitución «por imperativo legal» y entre proclamas independentistas- y está a punto de cerrar un acuerdo en Navarra con Nafarroa Bai. Todos ellos con aspiraciones soberanistas. ¿A qué precio? Se está viendo que demasiado caro.